Justice et repression aux Petites Antilles. XVIIe-XVIIIe siècle à la lumière de l’expérience romaine

Abstract

RESUMEN: Suele aceptarse la idea de que fue el Marqués de Seignelay —hijo de Colbert, Ministro del rey Luis XIV, Secretario de Estado (de la Marina y de las colonias francesas)— quien redactó el Edicto de 1685. El órgano legislativo supremo que se ocupaba de las posesiones en ultramar estaba inspirado básicamente en la ley romana. La práctica legal influyó en el Código Negro de Luis XIV que, por consiguiente, determinaría nuevas leyes en materia civil, religiosa y criminal. Tanto las penas como el tratamiento a los infractores que estipulaba el documento pretendían provocar el miedo a la represión a través de un juicio público colonial, así como a la posibilidad de castigo y del ejercicio de la crueldad sobre los esclavos (africanos) y las personas libres a más de 7.000 km. de distancia de su Francia natal. Las jurisdicciones locales tenían competencia que ejercían a través de un número reducido de jueces (administradores del la Corona, intendentes, magistrados reales asalariados y el Consejo Soberano de las Indias Occidentales). Por otra parte, en el documento se reconocía la autoridad del señor, que podía aplicar sin dificultad alguna su dominica potestas sobre sus esclavos durante su «convivencia» bajo la supervisión de los administradores en las colonias. Además, el señor también podía aplicar dentro de su propia jurisdicción la tendencia a imponer penas no privativas de libertad. Por el contrario, los casos en que los delitos notorios pudieran ser graves, o si cabía la posibilidad de que los imputados reincidieran en el país, llegaban al Tribunal de 1ª instancia de lo penal. La responsabilidad penal podía ser colectiva en algunos asuntos de índole social; en estos casos, los juicios penales recuerdan a los celebrados en Roma.