http://hdl.handle.net/10366/143135 2026-04-21T15:16:39Z 2026-04-21T15:16:39Z Molina Portilla, Diana María http://hdl.handle.net/10366/170761 2026-03-26T04:12:56Z 2024-01-01T00:00:00Z

[ES] De acuerdo con la definición contenida en la Declaración Universal sobre los Defensores de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el término defensor de derechos humanos designa a todas aquellas personas que, individual o colectivamente, promueven y protegen los derechos y libertades fundamentales, de forma pacífica, frente al Estado o frente a terceros particulares, más allá de la mera gestión del interés propio. Los defensores de derechos humanos son actores determinantes para lograr el goce efectivo de los derechos y libertades fundamentales, la vigencia del Estado de Derecho y la existencia de sociedades abiertas, pluralistas y democráticas. Las actividades que desarrollan van desde las labores educativas de difusión del contenido de los derechos humanos hasta la sistematización de casos en el marco del conflicto armado, la búsqueda de personas desaparecidas, la asistencia en juicio por detenciones arbitrarias, o el impulso de casos estratégicos en cortes internacionales. La importancia y legitimidad de la defensa de los derechos humanos está reconocida en diversos instrumentos de Derecho Internacional, en varios ordenamientos jurídicos estatales, y en la agenda de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. No obstante, diariamente, hay personas que son hostigadas, criminalizadas, amenazadas, desaparecidas o asesinadas, por actores gubernamentales o no gubernamentales, como represalia por la defensa los derechos humanos. Adicionalmente, los crímenes cometidos en su contra permanecen en la impunidad, lo que refuerza su vulnerabilidad y contribuye a la repetición de hechos similares. Al contraste entre el progreso de los marcos jurídicos y discursivos dirigidos a la protección de los defensores de derechos humanos, y la creciente vulnerabilidad y exclusión de estas personas por el desempeño de su labor; debemos sumarle la coincidencia existente, en términos contextuales, entre la ocurrencia de violaciones a los derechos de las personas defensoras de derechos humanos y el deterioro del orden democrático y el principio de legalidad en los Estados de Derecho. De acuerdo con la información consolidada por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a nivel mundial, un número significativo de las violaciones a los derechos y libertades de los defensores de derechos humanos ocurren en América Latina. Esta tesis surgió de la reflexión sobre el quehacer del Derecho frente esta crisis humanitaria. La mayoría de la literatura existente sobre este tema no tiene una perspectiva central de tipo jurídico. Se enfoca en los aspectos psicológicos, sociológicos o políticos vinculados a la defensa de los derechos. Los estudios que sí analizan la relación entre los defensores de derechos humanos y el Derecho, lo hacen para describir el repertorio de estrategias legales empleadas por las organizaciones de la sociedad civil, analizar las transformaciones sufridas por estas organizaciones defensoras al usar el Derecho en la consecución de sus objetivos, o para sistematizar los logros obtenidos a través del litigio estratégico. A diferencia de esos estudios, esta tesis adopta una perspectiva central de tipo jurídico e intra-sistémico, que se ocupa de las respuestas que ofrece el ordenamiento jurídico a los defensores de derechos humanos como actores sociales y titulares de derechos y libertades fundamentales. Es decir, de la forma en la que los operadores jurídicos resuelven los casos contenciosos que son sometidos a su conocimiento. En concreto, realiza un balance de la jurisprudencia de la CoIDH en el contexto específico de la crisis del Estado de Derecho en la región. De las muchas formas de intervención jurídica para proteger a los defensores de derechos humanos, las sentencias de la Corte Interamericana constituyen el eslabón que conecta las vulneraciones a los derechos y libertades convencionales de las personas defensoras con la crisis del Estado de Derecho, y, a su vez, permiten obtener generalizaciones entre los diferentes Estados de Derecho en crisis en América Latina. La progresividad y frecuencia de las sentencias de la CoIDH en este tema, también es prueba del impacto que produce la crisis del Estado de Derecho en el funcionamiento del Sistema Interamericano de protección de derechos humanos. La crisis del Estado de Derecho en América Latina incide directamente en el tipo de violaciones convencionales y en los conflictos sociales de base que son sometidos al conocimiento de los órganos interamericanos. La crisis del Estado de Derecho reduce las capacidades institucionales para investigar, juzgar y sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos, reparar a las víctimas y brindar garantías de no repetición, así como para dar cumplimiento a las órdenes proferidas por la CoIDH. En ese entendido, la crisis del Estado de Derecho incorpora otra dinámica en el balance tradicional que existe entre los ordenamientos jurídicos internos y el Sistema Interamericano. A cierre de la vigencia 2023, once (11) de los veinte (20) Estados que han ratificado la Convención Americana han sido condenados por la CoIDH debido al incumplimiento de una o varias obligaciones internacionales relacionadas con el goce de los derechos y libertades de las personas defensoras de derechos humanos en su jurisdicción. Por último, los casos contenciosos fallados por la CoIDH, sobre las personas defensoras, ejemplifican y sintetizan la situación real de los derechos y libertades de la población al interior de un país. Estos casos ponen de presente la existencia de patrones sistemáticos de violación de derechos humanos en tres tipos de contextos críticos para el principio del Estado de Derecho: el conflicto armado interno, los conflictos ambientales y de acceso a la tierra, y el auge de gobiernos con tendencias autoritarias. Además del balance jurisprudencial sobre un tema jurídicamente relevante para los ordenamientos estatales y el SIDH, esta tesis reflexiona, en términos contextuales, sobre el grado de efectividad de la protección otorgada por la CoIDH a los defensores de derechos humanos y el impacto de las medidas de reparación ordenadas, entendidas, específicamente, como garantías de no repetición y herramientas de contención frente al deterioro del Estado de Derecho y del orden democrático. Esta orientación analítica asume seriamente la vitalidad democrática del rol que cumplen los defensores de derechos humanos, su legitimidad discursiva y su condición de enlace representativo y deliberativo entre diferentes actores relevantes: los grupos mayoritarios y los excluidos del debate público; la sociedad civil y el Estado; las autoridades estatales y los organismos internacionales de protección. En cuanto a la estructura, esta tesis se encuentra dividida en cuatro capítulos. El primer capítulo, titulado Los defensores de derechos humanos como actores jurídicos, tiene dos grandes propósitos: en primer lugar, describe y sistematiza el marco conceptual y jurídico existente sobre defensores de derechos humanos a nivel del Sistema Universal, para dar cuenta de la legitimidad de la labor de las personas defensoras de derechos humanos, de las obligaciones internacionales existentes a cargo de los Estados, y del progreso del marco jurídico de este tema a partir de la multiplicación de instrumentos de Derecho Internacional y de los mecanismos de supervisión. En segundo lugar, el capítulo desarrolla teóricamente la doble condición de los defensores de derechos humanos: como actores democráticos y jurídicos, a partir de un análisis de las expectativas que impulsan las estrategias de defensa empleadas por las personas y organizaciones defensoras en diferentes contextos. El capítulo II, acerca del Estado de Derecho en crisis, desarrolla los componentes esenciales del Estado de Derecho y su evolución, para analizar el deterioro de aquellos que justifican la calificación de un contexto como crítico. Más allá de la importancia de las reflexiones teóricas en lo tocante a la doctrina dominante de los estados fallidos, el propósito instrumental de este acápite es diferenciar a los Estados de Derecho en crisis, de otros con mejores capacidades institucionales para enfrentar las violaciones a los derechos humanos que ocurren en sus territorios e implementar las órdenes provenientes de sentencias internacionales. En este capítulo también se presentan los criterios de verificación del Estado de Derecho de la Comisión de Venecia y de la Comisión Europea sobre Estado de Derecho que están conectados con la garantía de los derechos fundamentales de las personas defensoras de derechos humanos y la actividad judicial de la CoIDH. Como lo sostuve previamente, estos criterios orientarán el sentido de las medidas de reparación con efecto deliberativo propuestas en la lista final de cuestiones sustanciales, para la resolución de casos contenciosos sobre defensores de derechos humanos, en Estados de Derecho en crisis. El capítulo III tiene un papel considerable en la vista integral de la tesis, pues sistematiza los roles que desempeñan los defensores de derechos humanos en el SIDH, cuando actúan como agentes de intereses públicos o como representantes de intereses jurídicos particulares; así como también la jurisprudencia de la CoIDH referida a los defensores de derechos humanos que son víctimas directas de la violación a sus derechos y libertades individuales. A partir de estas sentencias proferidas por el tribunal interamericano, en este capítulo se identifican tres casos tipo de Estados de Derecho en crisis: Honduras, Guatemala y Colombia, para analizar la interconexión entre ataques a los defensores de derechos humanos y crisis del Estado de Derecho, con la metodología mixta descrita previamente. Por último, el capítulo IV es eminentemente propositivo. Sugiere tres componentes para mejorar la aproximación de la CoIDH en aquellos casos contenciosos donde las víctimas son personas defensoras de derechos humanos en Estados de Derecho en crisis: el enfoque de un juez convencional y democráticamente reactivo, la herramienta de las medidas cautelares con efecto deliberativo, y el listado síntesis de cuestiones sustanciales ineludibles a ser tenidas en cuenta al momento de dictar sentencia.

2024-01-01T00:00:00Z Lagos Torres, Alejandro http://hdl.handle.net/10366/170746 2026-03-26T04:09:58Z 2025-01-01T00:00:00Z

[ES] El objetivo de esta tesis es analizar, siempre desde una perspectiva estrictamente jurídica, el funcionamiento de un banco central, considerando los tres aspectos esenciales que deben necesariamente estar en armonía, lo político, lo económico y lo jurídico, para que pueda alcanzar un desempeño satisfactorio, con el fin generar una taxonomía de configuraciones teóricas tipo de bancos centrales, mirados desde dos aristas fundamentales para establecer su diseño normativo: la autonomía y la rendición de cuentas. Se construyen dos taxonomías de bancos centrales, la primera, referente a la autonomía, en tanto la segunda aborda la rendición de cuentas. Y para ello, en cada caso seleccionamos un conjunto de variables que contribuyen en forma decisiva al buen desempeño de la autonomía y de la rendición de cuentas. Posteriormente, con los datos obtenidos, se construye una taxonomía consolidada fusionando los resultados de las dos anteriores, de tal manera que los casos tipo de configuraciones de bancos centrales que resulten de ella, son calificados utilizando, de mejor a peor desempeño, los conceptos valorativos de Óptimo, Bueno, Regular, Deficiente, Muy deficiente, Malo, Muy malo o Peor. Concluimos que es indispensable para el buen desempeño de un banco central una real autonomía, en especial respetando el principio de la "libertad de instrumentos", y que, por tanto, se le debe dejar cumplir su cometido, pero con la necesaria contrapartida de que esta autonomía debe ser responsable, esto es, rindiendo cuentas de su gestión, tanto a los poderes democráticamente constituidos, como en relación a las personas a quienes debe infundir confianza para que puedan tomar decisiones con consecuencias económicas de una manera informada. Taxonomías, como las propuestas en esta tesis, fundamentadas en un conjunto de criterios que capturan elementos esenciales tanto de la autonomía como de la rendición de cuentas, contribuyen al estudio de los bancos centrales desde una perspectiva antes jurídica que económica, en especial iuspublicista. Adherimos a la opinión de que un banco central autónomo bien diseñado es indispensable para el buen desempeño de un Estado servicial activo, al tiempo que los principios generales del derecho público son vallas suficientes para encauzar sus labores, equilibrándose mejor que con otras opciones los diversos intereses en juego. Por su parte, la rendición de cuentas debe considerar tanto para el nombramiento de los directores del banco como para su eventual remoción, procedimientos complejos en los que intervengan varios poderes o autoridades del Estado, y causales concretas y objetivas de cese, al tiempo que la rendición misma debe proceder ante instancias democráticamente constituidas como al público en general, siendo ambas dimensiones complementarias, y por tanto, la ausencia de una creemos perjudica el desempeño de la otra en caso de existir. En definitiva, consideramos, a la luz del estudio realizado, que un banco central realmente autónomo, pero responsable, que esté bien diseñado, y que por tanto funcione bien, sí que contribuye al bienestar de las personas, en el marco de un Estado servicial.

2025-01-01T00:00:00Z Mariño Bustamante, Juan Carlos http://hdl.handle.net/10366/170619 2026-03-19T04:11:44Z 2026-01-01T00:00:00Z

[ES] La delimitación de las distintas formas de intervención en el delito, en los supuestos normales en que el interviniente “actúa”, de por si tiene a la doctrina y jurisprudencia con criterios distintos, no se diga en los casos donde el interviniente “omite”, alcanzando un alto grado de dificultad encontrar la solución apropiada para resolver los casos. Su calificación bien como autor, bien como partícipe del delito conocido como “comisión por omisión”, no ha logrado un consenso en la comunidad jurídica. La intervención omisiva plantea dos problemas a considerar. Primero hay que dilucidar si el “comportamiento omisivo” se debe tratar según las reglas generales que se aplican para la intervención “activa”, o si la omisión de impedir el resultado conduce a la impunidad, o siempre a la punibilidad en calidad de autor o en calidad de participe, las soluciones para estos casos son diversos, sin que exista unanimidad de criterio, pero en lo que sí coincide la doctrina es que las reglas de la intervención “activa” no son de aplicación en la “omisión”, pues la intervención omisiva se rige por sus propias reglas. El comportamiento omisivo en los delitos de infracción de deber se debe tratar desde las reglas generales de la autoría y participación, pero no aplicando la teoría del “dominio del hecho”, sino desde el “deber” que asume el sujeto en virtud de una relación institucional, adquiriendo el papel de garante de impedir el resultado lesivo de un bien jurídico, como el funcionario público que al aceptar el cargo asume el “deber” de una correcta administración pública. La teoría conocida como del “dominio del hecho”, sirve para establecer quién es autor o participe en los delitos “comunes” o también denominados “de dominio” tales como el asesinato, robo, lesiones, etc. Sin embargo, esta teoría “dominio del hecho” no se aplica para determinar la autoría y participación en los “delitos especiales”, delitos relacionados con la administración o gestión desleal, conocidos también como delitos en contra de la eficiencia de la administración pública, tales como el cohecho, peculado, concusión, etc. Dado que en los delitos “comunes”, el autor quien por sí solo o con otros posee el dominio del hecho, mientras que en los delitos “especiales” no necesariamente el que tiene las riendas del acontecimiento delictivo es el autor, debido a que en los delitos especiales a los que estamos haciendo referencia, desde la dogmática penal, para saber quién es autor o partícipe, se aplica la teoría de la “infracción de deber”. Esta teoría “infracción de deber” fue desarrollada por Jakobs y Roxin, de acuerdo con esta teoría el autor o figura central se concretiza en el criterio de la “infracción de deber”; por tanto, es autor quien realiza la conducta prohibida infringiendo un deber especial contenido en la norma, en tanto que partícipe es también quien induce o coopera en la realización de la conducta prohibida, pero sin infringir ningún deber especial. Cuando interviene más de una persona en los “delitos especiales” relacionados con la administración o gestión desleal, no es tan fácil determinar el grado de autoría o participación de cada uno de los intervinientes en el delito, toda vez que en la mayoría de estos delitos se requiere de un sujeto activo calificado, a diferencia de los “delitos comunes”, que los puede cometer cualquier persona. En los “delitos especiales”, se necesita de un intraneus (funcionario público que administra recursos), pero qué pasa cuando el delito lo ejecuta un extraneus (extraño a la administración), sumado a esto de que en la administración pública, el funcionario de mayor jerarquía puede delegar a su subalterno (menor jerarquía) la ejecución de actos o contratos administrativos; es decir, valerse de su superioridad jerárquica para utilizar a su inferior (subalterno) como instrumento o incitar o provocar un hecho bajo la figura de la inducción por influencia psíquica dada la “posición de mando” en la estructura administrativa. La entrada en escena de los delitos de infracción de deber obliga a clasificar la autoría delictiva en dos grandes grupos: a) autoría mediante delitos de dominio, y b) autoría mediante delitos de infracción de deber. De este modo, la aparición de los delitos de infracción de deber viene a quebrar o romper la hegemonía del “dominio del hecho” como único criterio útil para determinar la autoría y participación delictiva. En la administración pública, es costumbre que las autoridades deleguen funciones a servidores de menor jerarquía, esto con la finalidad de desconcentrar la administración y de acercar los servicios hacia la ciudadanía. Pero en muchos casos, esta “delegación de funciones” son aprovechadas para tratar de desvincularse de responsabilidades de carácter penal, entonces la intervención omisiva del funcionario público en los delitos de infracción de deber tiene un estudio interesante que puede dar solución a ciertas dificultades dogmáticas que se presentan al momento de resolver un caso en concreto y que no están relacionadas con identificar al intraneus o extraneus, sino con la intervención de un funcionario que ha delegado sus funciones. Como el caso de un mandatario (presidente) de un país, que delega las funciones más importantes como por ejemplo la firma de contratos de obra a su ministro de estado, en donde en el proceso de contratación pública se detecta irregularidades, entonces responderá el ministro que firmó el contrato y que estuvo al frente del proceso de contratación en todo momento. Pero qué pasa con el presidente (delegante) que delegó sus funciones, conociendo (por denuncias públicas) de las alertas de corrupción y sobreprecios en dichos procesos de contratación, y no hace nada para revocar la delegación otorgada. ¿La omisión del funcionario delegante, de impedir el resultado conduce a la impunidad? o siempre a la punibilidad, pero en calidad de ¿autor o de partícipe? La legislación penal ecuatoriana (COIP) no ofrece soluciones a estas interrogantes. Existe un vacío normativo respecto a la intervención omisiva del funcionario en delitos de corrupción, pero naturalmente que estas conductas deben ser sancionadas. Entonces veremos cuáles son las responsabilidades que tienen los funcionarios que administran recursos públicos y que delegan sus funciones. Para dilucidar estos planteamientos conoceremos también varias sentencias dictadas por tribunales penales de distintos países, donde resuelven casos de connotación regional, casos de delitos especiales de infracción de deber, donde el “deber” de “máxima solidaridad” se mantiene en el funcionario; es decir, el “deber” de impedir el resultado (por ejemplo, el deber de impedir el desvío de recursos públicos) el deber se debería mantener incluso en la persona (funcionario) que ha delegado sus funciones, porque no deja de ser garante del bien jurídico protegido, que en el caso de los delitos de corrupción de funcionarios, el bien jurídico es la eficiencia en la administración pública. Finalmente, propondremos cambios al COIP para que el marco jurídico sea más efectivo en el combate a la corrupción, tomando como referencia reformas introducidas en este último tiempo al código penal español, incluso programas de compliance creadas inicialmente como un modo de autorregulación de las corporaciones privadas para exigir a las empresas mayor transparencia y rendición de cuentas, siendo actualmente una herramienta de prevención de sobornos a funcionarios públicos, creando estos programas en la ciudadanía, una cultura del cumplimiento normativo en el ámbito público.

2026-01-01T00:00:00Z Sánchez Santiago, Jaime http://hdl.handle.net/10366/170505 2026-03-15T04:05:50Z 2025-01-01T00:00:00Z

[ES] Esta Tesis doctoral se propone un análisis en profundidad de los aspectos jurídicoprácticos de tres operaciones relacionadas con la movilidad y las reorganizaciones societarias en el Espacio Económico Europeo: los procesos de sucursalización, las fusiones y las escisiones transfronterizas. Para ello, se revisan situaciones encontradas en la práctica transnacional de estas operaciones y se pone un especial énfasis en el análisis de derecho comparado. La Tesis se presenta en la modalidad de compendio de artículos. Dos trabajos analizan los procesos de sucursalización en el sector seguros (incluyendo un caso en el que participó el autor). Para ello se trata de delimitar qué se entiende por procesos de sucursalización y las razones que los han justificado. Se estudia cómo se están estructurando estas operaciones desde un punto de vista jurídico (fundamentalmente a través de fusiones transfronterizas), así como los distintos requisitos y trámites mercantiles y regulatorios en el contexto de estas operaciones. Al evaluar estos temas se identificaron áreas de mejora legislativa de cara a agilizar y facilitar operaciones transfronterizas tan relevantes en un mercado de seguros europeo cada vez más integrado, todo ello sin menoscabar el legítimo respeto de los intereses de los tomadores de seguros, acreedores y demás actores interesados. Un tercer trabajo analiza un caso de escisión transfronteriza en favor de sociedad existente en el que participó el autor. Dicha operación fue ejecutada antes de la transposición de la Directiva de Movilidad y permite evaluar los retos que plantea la realización de este tipo de operaciones no armonizadas. En los otros tres trabajos que integran la Tesis se evalúan las implicaciones prácticas de la Directiva de Movilidad y de su transposición, en España, Alemania, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos. Se analiza fundamentalmente el enfoque y ámbito de aplicación de las normas de transposición, la protección de derechos de socios y acreedores (incluidos acreedores públicos) y el controvertido control previo de situaciones abusivas, fraudulentas o delictivas. Se estudia también en qué medida ha incidido la reforma en el régimen aplicable a la Societas Europaea y a las fusiones/escisiones transfronterizas extraeuropeas. Todo ello con el objetivo de valorar los intereses en juego en estos procesos e implicaciones de política legislativa y de proponer interpretaciones de la normativa existente y propuestas de lege ferenda acordes con la libertad de establecimiento y la coherencia del sistema.; [EN] This doctoral thesis proposes an in-depth analysis of the legal and practical aspects of three transactions related to corporate mobility and corporate reorganisations in the European Economic Area: cross-border conversion of subsidiaries into branches, mergers and divisions. To this end, situations encountered in the transnational practice of these operations are reviewed, with particular emphasis on comparative law analysis. The thesis is presented in the form of a compendium of articles. Two papers analyse the processes of converting subsidiaries into branches carried out by different groups in the insurance sector (including a case in which the author participated). To this end, an attempt is made to define these processes and the reasons that have justified them. It studies how these operations are being structured from a legal point of view (mainly through cross-border mergers), as well as the various corporate law and regulatory requirements and procedures in the context of these transactions. In evaluating these issues, areas for legislative improvement were identified with a view to streamlining and facilitating these cross-border operations, which are so important in an increasingly integrated European insurance market, without undermining the legitimate interests of policyholders, creditors and other stakeholders. A third paper analyses a case of cross-border division in favour of an existing company in which the author was involved. This transaction was carried out before the implementation of the Mobility Directive and allows for an assessment of the challenges posed by non-harmonised transactions. The other three papers that make up the thesis assess the practical implications of the Mobility Directive and its implementation in Spain, Germany, France, Italy, Luxembourg and the Netherlands. It mainly analyses the approach and scope of the transposition rules, the protection of the rights of shareholders and creditors (including public creditors) and the controversial prior control of abusive, fraudulent or criminal situations. It also studies the extent to which the reform has affected the regime applicable to Societas Europaea and cross-border mergers/divisions with non-European Economic Area countries. The aim is to assess the interests at stake in these processes and the implications for legislative policy, and to propose interpretations of the existing regulations and proposals de lege ferenda in line with freedom of establishment and the coherence of the system.

2025-01-01T00:00:00Z Salmerón Silva, Renée Lucía http://hdl.handle.net/10366/170461 2026-03-15T04:11:34Z 2025-01-01T00:00:00Z

[ES] Este estudio analiza la destitución de alcaldes en Nicaragua y explica este fenómeno como parte de una estrategia de recentralización. La literatura sobre las causas del juicio político subnacional y municipal, y sobre los actores externos que intervienen en su ejecución con el propósito de recentralizar, presenta un vacío que justifica el análisis empírico mixto de esta tesis y , así como lasu propuesta teóricade una nueva estrategia de recentralización. El estudio se centra en el período 2009-2012, un punto de inflexión histórico y crítico para el sistema político nicaragüense que es determinante para comprender el reciente deterioro democrático. La evidencia obtenida sobre las causas de la alcaldía interrumpida en Nicaragua permite desestimar tres premisas analizadas por la literatura clásica:1. El relato oficial, que atribuye las remociones a sanciones por déficit en la ejecución de fondos de transferencias destinados a la inversión pública. 2. El alineamiento político, factor recurrente en estudios sobre federalismo. 3. El tamaño de la economía de los municipios, perspectiva comúnmente abordada por los urbanistas. Frente a estas premisas, los hallazgos empíricos sugieren que los ejecutivos municipales enfrentan un mayor riesgo de remoción por parte del presidente ante la difusión de escándalos municipales fuera de años electorales, o cuando demuestran deslealtad y falta de liderazgo político. Finalmente, se observa que los incumbents quedan desprotegidos cuando la disciplina de sus concejales es reclamada por un cargo superior en el partido. Este comportamiento es neutralizado por alianzas locales, toda vez que estas no ponen en riesgo los objetivos político electorales del presidente.

2025-01-01T00:00:00Z Carrinho Muniz, Alexandre http://hdl.handle.net/10366/170372 2026-03-11T04:11:43Z 2025-01-01T00:00:00Z

[PT] A justiça penal internacional se consolidou como uma das mais relevantes conquistas jurídicas do pós-guerra, marcada pelo esforço de transformar a punição de crimes atrozes em um instrumento de proteção da dignidade humana. O papel do Tribunal Penal Internacional – TPI, como instância central nesse processo, destaca-se não apenas na responsabilização de perpetradores, mas, sobretudo, na incorporação inédita da proteção e reparação das vítimas no âmbito de um tribunal criminal internacional permanente. As atrocidades históricas impulsionaram a construção de um modelo normativo capaz de reconhecer as vítimas como sujeitos ativos da justiça, rompendo com a tradição de invisibilidade que marcou sistemas anteriores. A evolução da justiça penal internacional se tensiona entre universalidade e seletividade, legitimidade e limitação política, com destaque no caráter inovador do Estatuto de Roma, que prevê a participação das vítimas e mecanismos de reparação, incluindo medidas individuais, coletivas e simbólicas, que resgatam não apenas os danos materiais, mas também aspectos culturais e comunitários. Nesse sentido, a justiça internacional vem dialogando com demandas de memória, reconhecimento e restauração, especialmente em contextos de conflitos armados que atingem desproporcionalmente grupos vulneráveis, como mulheres e crianças. Casos como Lubanga, Katanga, Ntaganda, Al Mahdi, Bemba, Ongwen e Al Hassan são examinados como experiências práticas que revelam avanços e desafios na efetivação da proteção às vítimas e na implementação das reparações. Embora o TPI tenha estabelecido precedentes transformadores, a execução das medidas enfrenta obstáculos significativos, como limitações financeiras, resistência política e dificuldades logísticas, que comprometem sua eficácia em nível comunitário. A consolidação da justiça penal internacional ultrapassa a lógica punitiva e se aproxima de um modelo híbrido, em que responsabilização e reparação caminham lado a lado. Essa mudança de paradigma amplia o alcance da justiça, ao reconhecer que o restabelecimento da dignidade das vítimas é elemento essencial para a reconstrução social e para a prevenção de novas violações. O fortalecimento da justiça penal internacional exige não apenas o aprimoramento normativo e institucional do TPI, mas também maior cooperação interestatal, integração das organizações locais e participação ativa da sociedade civil. Nesse percurso, o tribunal revela-se não apenas como guardião da legalidade internacional, mas como espaço de afirmação de direitos fundamentais e de reconstrução democrática em sociedades devastadas pela violência.; [EN] International criminal justice has established itself as one of the most significant legal achievements of the post-war period, marked by efforts to transform the punishment of heinous crimes into an instrument for protecting human dignity. The role of the International Criminal Court – ICC as a central body in this process stands out not only in holding perpetrators accountable, but above all in the unprecedented incorporation of victim protection and reparation within the scope of a permanent international criminal court. Historical atrocities have driven the construction of a normative model capable of recognizing victims as active subjects of justice, breaking with the tradition of invisibility that marked previous systems. The evolution of international criminal justice is caught between universality and selectivity, legitimacy and political limitation, with emphasis on the innovative nature of the Rome Statute, which provides for the participation of victims and mechanisms for reparation, including individual, collective, and symbolic measures that address not only material damages but also cultural and community aspects. In this sense, international justice has been engaging with demands for memory, recognition, and restoration, especially in contexts of armed conflict that disproportionately affect vulnerable groups, such as women and children. Cases such as Lubanga, Katanga, Ntaganda, Al Mahdi, Bemba, Ongwen, and Al Hassan are examined as practical experiences that reveal advances and challenges in the effective protection of victims and the implementation of reparations. Although the ICC has set transformative precedents, the implementation of measures faces significant obstacles, such as financial constraints, political resistance, and logistical difficulties, which compromise their effectiveness at the community level. The consolidation of international criminal justice goes beyond punitive logic and moves toward a hybrid model, in which accountability and reparation go hand in hand. This paradigm shift broadens the scope of justice by recognizing that restoring the dignity of victims is essential for social reconstruction and the prevention of new violations. Strengthening international criminal justice requires not only normative and institutional improvements to the ICC, but also greater inter-state cooperation, integration of local organizations, and active participation by civil society. In this process, the court reveals itself not only as the guardian of international legality, but also as a space for the affirmation of fundamental rights and democratic reconstruction in societies devastated by violence.; [ES] La justicia penal internacional se ha consolidado como uno de los logros jurídicos más relevantes de la posguerra, marcado por el esfuerzo de transformar el castigo de los crímenes atroces en un instrumento de protección de la dignidad humana. El papel de la Corte Penal Internacional – CPI, como instancia central en este proceso, destaca no solo por la responsabilización de los perpetradores, sino, sobre todo, por la incorporación sin precedentes de la protección y reparación de las víctimas en el ámbito de un tribunal penal internacional permanente. Las atrocidades históricas impulsaron la construcción de un modelo normativo capaz de reconocer a las víctimas como sujetos activos de la justicia, rompiendo con la tradición de invisibilidad que caracterizó a los sistemas anteriores. La evolución de la justicia penal internacional se debate entre la universalidad y la selectividad, la legitimidad y la limitación política, destacando el carácter innovador del Estatuto de Roma, que prevé la participación de las víctimas y mecanismos de reparación, incluyendo medidas individuales, colectivas y simbólicas, que rescatan no solo los daños materiales, sino también los aspectos culturales y comunitarios. En este sentido, la justicia internacional ha estado dialogando con las demandas de memoria, reconocimiento y restauración, especialmente en contextos de conflictos armados que afectan de manera desproporcionada a grupos vulnerables, como las mujeres y los niños. Casos como Lubanga, Katanga, Ntaganda, Al Mahdi, Bemba, Ongwen y Al Hassan se examinan como experiencias prácticas que revelan avances y desafíos en la efectividad de la protección de las víctimas y la implementación de las reparaciones. Aunque la CPI ha sentado precedentes transformadores, la ejecución de las medidas se enfrenta a obstáculos significativos, como limitaciones financieras, resistencia política y dificultades logísticas, que comprometen su eficacia a nivel comunitario. La consolidación de la justicia penal internacional va más allá de la lógica punitiva y se acerca a un modelo híbrido, en el que la rendición de cuentas y la reparación van de la mano. Este cambio de paradigma amplía el alcance de la justicia, al reconocer que el restablecimiento de la dignidad de las víctimas es un elemento esencial para la reconstrucción social y la prevención de nuevas violaciones. El fortalecimiento de la justicia penal internacional exige no solo la mejora normativa e institucional de la CPI, sino también una mayor cooperación interestatal, la integración de las organizaciones locales y la participación activa de la sociedad civil. En este camino, el tribunal se revela no solo como guardián de la legalidad internacional, sino como espacio de afirmación de los derechos fundamentales y de reconstrucción democrática en sociedades devastadas por la violencia.

2025-01-01T00:00:00Z Almeida Ferro, Ana Luiza http://hdl.handle.net/10366/170369 2026-03-11T04:11:42Z 2025-01-01T00:00:00Z

[EN] Study on women in the world of organized crime, emphasizing their roles, power relations, the issue of ambiguous emancipation, and the political-criminal, penal and procedural implications of their conduct. Initially, it focuses on the concept and characteristics of the phenomenon of organized crime from the perspective of international law and comparative criminal law, such as Italian, Spanish, and Brazilian law; the connection between organized crime, white-collar crime, and corruption; the image of women throughout history; female criminality as an object of criminology and criminal law, highlighting different criminological currents and theories, such as female emancipation, the women’s liberation movement, changing opportunities in the social context, development, and chivalry, as well as the influence of informal social control; and the evolution of female participation in crime statistics in general and organized crime in particular. The core part addresses the issue of characterizing and classifying the active and passive roles played by women in the world of organized crime, with special interest in the confrontation between similar or heterogeneous criminal structures and in the actions of mafia women and women linked to drug trafficking and to the practice of white-collar crimes, in the power relations between men and women in criminal organizations, in the question of whether or not female emancipation occurs within criminal organizations, and in the alleged judicial paternalism. Furthermore, the situation and participation of women in the world of organized crime in several countries and in selected criminal organizations are examined, as well as the activity and results of a Brazilian prosecutor’s office dedicated to combating organized crime and money laundering, with regard to female involvement, and Spanish case law on the participation of women in the mechanisms of organized crime and corruption.; [PT] Estudo sobre as mulheres do universo da criminalidade organizada, com ênfase nos papéis desempenhados, nas relações de poder, na questão da emancipação ambígua e nas implicações político-criminais, penais e processuais penais de sua conduta. Em uma primeira etapa, são objeto de enfoque o conceito e as características do fenômeno do crime organizado sob a ótica do Direito internacional e do Direito penal comparado, a exemplo dos direitos italiano, espanhol e brasileiro; a ligação entre o crime organizado, o crime de colarinho branco e a corrupção; a imagem da mulher ao longo da História; a criminalidade feminina como objeto da Criminologia e do Direito penal, com destaque para as diferentes correntes e teorias criminológicas, como as da emancipação feminina, do movimento de liberação feminina, da mudança de oportunidades no contexto social, do desenvolvimento e do cavalheirismo, além da noção da influência do controle social informal; e a evolução da participação feminina nas estatísticas do crime em geral e do crime organizado em particular. Na parte nuclear, é enfrentado o tema da caracterização e classificação dos papéis ativos e passivos desempenhados pela mulher no mundo do crime organizado, com especial interesse no confronto entre estruturas criminosas similares ou heterogêneas e na atuação das mafiosas e das mulheres ligadas ao tráfico de drogas e à prática de delitos de colarinho branco, nas relações de poder entre o homem e a mulher nas organizações criminosas, na questão da ocorrência ou não de emancipação feminina no seio das organizações criminosas e no suposto paternalismo judicial, examinando-se, ademais, a situação e a participação da mulher no universo do crime organizado em vários países e em organizações criminosas selecionadas, a atividade e os resultados de uma promotoria de justiça brasileira dedicada ao combate ao crime organizado e à lavagem de capitais, no concernente ao envolvimento feminino, e a jurisprudência espanhola sobre a participação da mulher nas engrenagens da delinquência organizada e da corrupção.

2025-01-01T00:00:00Z Mesa Cárdenas, William Andrés http://hdl.handle.net/10366/170366 2026-03-11T04:08:46Z 2025-01-01T00:00:00Z

[ES] El presente trabajo es el resultado de varios años de investigación sobre el conflicto armado colombiano, los sistemas punitivos y la construcción de la paz. Mi objetivo es el de examinar, desde una perspectiva interdisciplinaria, las interacciones que subyacen a la política criminal y la justicia transicional, estableciendo cómo se podrían manifestar impactos y cambios estratégicos en el paradigma y modelo punitivo del país a través de la justicia restaurativa y los Trabajos, Obras y Actividades con contenido Reparador/Restaurador (TOAR) que se han venido desarrollando en la Jurisdicción Especial para la Paz JEP-. Esta perspectiva sugiere, por ende, evidenciar cambios, emergencias y reorientaciones de los sistemas coloniales de castigo, reflejados en el uso de la cárcel, la punición, el desborde del derecho penal y una política criminal históricamente reactiva y represiva. Aunque en Colombia abundan los estudios sobre la crisis penitenciaria, el hacinamiento, la minimización de garantías procesales-penales y el uso de la cárcel como instrumento de guerra para la gestión del conflicto armado, pocos trabajos se han centrado no solo en el diagnóstico de los sistemas punitivos como la cárcel y el punitivismo social sino también en formas, dispositivos o tendencias alternativas a estos modelos. Además, estos estudios suelen ser monodisciplinares, es decir, metodológica y teóricamente restringidos a una sola disciplina ya sea derecho penal, ciencia política o criminología por separado. Pocas investigaciones han asumido el desafío, no solo de la interdisciplinariedad metodológica, sino también de la teorización y proposición de alternativas mediante la triangulación entre teoría, evidencia empírica y crítica propositiva. Asumir este reto me llevó inicialmente a proponer proyectos de investigación relacionados con alternativas a la lógica punitiva, pero, además, el contexto y las condiciones sociopolíticas del país moldearon mi proceso de investigación hacia nuevos campos. Entre estas condiciones socio-políticas se destacan el Acuerdo de Paz firmado entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno de Juan Manuel Santos en 2016; los informes de la Comisión Asesora en Política Criminal; la reorientación del Plan Nacional en Política Criminal y los documentos CONPES en esta materia; y, particularmente, el surgimiento de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). En este marco, la transversalidad de la Justicia Restaurativa, que centró su accionar judicial en la reparación de las víctimas, la reconciliación y la superación del conflicto, introdujo de manera innovadora el uso de la justicia restaurativa para la investigación, el juzgamiento y la sanción de crímenes internacionales.

2025-01-01T00:00:00Z Arrobo Fernández, María Lorena http://hdl.handle.net/10366/170352 2026-03-11T04:02:51Z 2025-01-01T00:00:00Z

[ES] La violencia de género constituye una grave violación de los derechos humanos y una manifestación extrema de la desigualdad y discriminación histórica hacia las mujeres. Este fenómeno responde a un problema estructural heredado de un sistema patriarcal que trasciende al ámbito público y privado, afectando a mujeres a escala global. Ante la magnitud de esta problemática, los Estados han reconocido la necesidad de implementar respuestas multidisciplinares e integrales, partiendo de la premisa de que la violencia ejercida contra las mujeres por razón de su género requiere una categoría jurídica diferenciada. En este contexto, tanto España como Ecuador han desarrollado marcos normativos específicos mediante la promulgación de «Leyes Integrales». Estos instrumentos buscan brindar una tutela efectiva a través de medidas preventivas, educativas, sociales y asistenciales. Paralelamente, dichas leyes han impulsado profundas reformas penales, tipificando «delitos de género» o «figuras género específicas» que han dado paso a un Derecho penal sexuado. Esta evolución legislativa refleja un cambio de paradigma que busca no solo sancionar al agresor, sino garantizar la protección de la víctima. No obstante, si bien la respuesta penal es necesaria, se reconoce como insuficiente por sí sola para abordar la complejidad estructural de la violencia. La presente investigación analiza la tutela penal de la violencia de género mediante un estudio comparado entre los ordenamientos jurídicos de España y Ecuador. El trabajo se estructura en cuatro capítulos que abordan el fenómeno desde una perspectiva interdisciplinaria, abarcando sus fundamentos socioculturales, conceptualización teórica, tratamiento político-criminal y regulación normativa. El Capítulo I profundiza en las raíces culturales y la construcción social del género. Se ofrece una aproximación empírica y comparada del fenómeno mediante el análisis de estadísticas oficiales, tales como la Encuesta Europea de Violencia de Género (2022), la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género de Ecuador (2019), así como los informes del Consejo General del Poder Judicial español y datos sobre feminicidios/femicidios de organismos gubernamentales y observatorios civiles. El Capítulo II delimita el concepto de violencia de género frente a otras formas de violencia doméstica, examinando su evolución en los Tratados Internacionales y su transposición nacional. Se analizan tanto las manifestaciones clásicas de violencia (física, psicológica, sexual, económica) como aquellas tipologías menos visibilizadas (simbólica, política y gineco-obstétrica). El Capítulo III evalúa la política criminal adoptada en ambos países, analizando críticamente las reformas legales bajo principios como la igualdad, la discriminación positiva y los riesgos de un Derecho penal simbólico o la aplicación de un «Derecho penal del enemigo». Para culminar, el Capítulo IV presenta el estudio comparado de los marcos normativos vigentes. Se discuten los sesgos androcéntricos en la dogmática penal y se valora la eficacia de los tipos penales específicos incorporados en el Código Penal español y en el COIP ecuatoriano. En conclusión, en este trabajo se ofrece una visión global, rigurosa y crítica sobre la violencia de género, sus causas profundas, sus manifestaciones y las respuestas legales y sociales existentes en España y Ecuador. En conjunto, la tesis aspira a contribuir al debate académico y jurídico en torno a la tutela penal de la violencia de género, proporcionando herramientas conceptuales, empíricas y normativas para su análisis, comprensión y abordaje desde una perspectiva integral y comparada de esta problemática.

2025-01-01T00:00:00Z El Yattioui, Yassine http://hdl.handle.net/10366/170299 2026-03-07T04:10:25Z 2025-01-01T00:00:00Z

[EN] This Thesis examines the role of Morocco’s economic diplomacy and foreign policy in shaping its emergence as a dominant regional power in West Africa. Over the past few decades, Morocco has strategically positioned itself as a pivotal player in Africa through a combination of diplomatic initiatives, economic partnerships, and development aid, particularly in West African countries. By leveraging its geographical proximity, economic capabilities, and soft power, Morocco has successfully navigated complex geopolitical landscapes, enhancing its influence through bilateral and multilateral engagements. This study explores how Morocco’s engagement in sectors such as trade, energy, infrastructure, and education, coupled with its participation in regional organizations like the African Union and the Economic Community of West African States (ECOWAS), has facilitated its rise as a major economic and political force in the continent. The analysis also highlights the key determinants of Morocco’s success in fostering mutually beneficial relationships with West African states and how this diplomacy has contributed to the country’s aspirations of becoming a continental power. Ultimately, this research underscores the critical role of economic diplomacy in shaping Morocco’s foreign policy objectives and its growing influence in West Africa, offering valuable insights into the intersection of foreign policy, economic development, and regional integration

2025-01-01T00:00:00Z Souza Silva, Sara http://hdl.handle.net/10366/170198 2026-03-02T04:08:51Z 2025-01-01T00:00:00Z

[PT] O presente trabalho analisa as reformas realizadas nos diversos ordenamentos jurídicos contemporâneos, voltadas a introduzir ou ampliar os espaços de consenso no processo penal. Inicialmente, apresenta-se a noção de justiça penal consensuada, suas categorias conceituais e os rumos assumidos pela política criminal global. Em seguida. Discute-se a justiça penal consensual sob os aspectos conceituais, fundamentos legitimadores, principais mecanismos, controvérsias e críticas. O estudo destaca o modelo paradigmático norte-americano do plea bargaining e examina, ainda que de forma panorâmica, experiências europeias e latino-americanas, com especial ênfase na evolução normativa e prática do modelo brasileiro. Analisa-se, em particular, o acordo de não persecução penal, sua normatização, aplicabilidade e desafios interpretativos. Por fim, apontam-se os benefícios e riscos inerentes à adoção de instrumentos de negociação penal, bem como propostas de aperfeiçoamento normativo e institucional, com vistas à preservação das garantias fundamentais do acusado e à segurança jurídica na aplicação desses mecanismos.; [EN] This dissertation analyzes the reforms implemented in various contemporary legal systems aimed at introducing or expanding consensual mechanisms in criminal procedure. It initially presents the concept of consensual criminal justice, its theoretical categories, and the current directions of global criminal policy. The study then examines consensual justice from a conceptual perspective, discussing its legitimizing foundations, main mechanisms, controversies, and criticisms. It highlights the paradigmatic American model of plea bargaining and provides a broad overview of European and Latin American experiences, with special emphasis on the normative and practical development of the Brazilian model. Particular attention is given to the non-prosecution agreement (acordo de não persecução penal), including its regulation, applicability, and interpretative challenges. Finally, the work identifies both the benefits and risks inherent in the adoption of negotiated criminal instruments and offers proposals for normative and institutional improvement, aimed at safeguarding the fundamental rights of the accused and ensuring legal certainty in the application of these mechanisms.

2025-01-01T00:00:00Z Rodríguez Gutiérrez, Diego Javier http://hdl.handle.net/10366/170175 2026-03-02T04:08:48Z 2025-01-01T00:00:00Z

[ES] La presente tesis doctoral se inscribe en el programa de doctorado Estado de Derecho y Gobernanza Global, regulado por el R.D. 99/2011, para la realización de la Tesis Doctoral, suscribiendo a la línea de investigación sobre Análisis Económico del Derecho y de las Políticas Públicas. El eje articulador de este compendio es el estudio crítico y propositivo de la regla de exoneración del pasivo insatisfecho contenida en la Ley N.º 20.720 sobre Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas en Chile, examinada desde una perspectiva interdisciplinaria que combina el análisis jurídico, económico y de políticas públicas. Dentro de este marco, los trabajos reunidos abordan con los fundamentos normativos y las consecuencias prácticas de esta institución, su evolución legislativa y los incentivos que genera en el comportamiento de los agentes involucrados, abordando con especial atención las fallas de mercado presentes y otros contratiempos que pudieren surgir durante todo el iter del concurso. Para garantizar una adecuada comprensión del proyecto, estos artículos son precedidos por una introducción general, que busca contextualizar el objeto de estudio, concluyendo con apartado de conclusiones, donde se sintetizan los principales hallazgos.

2025-01-01T00:00:00Z Rivera Rhon, Renato Andrés http://hdl.handle.net/10366/170136 2026-02-28T04:05:50Z 2025-01-01T00:00:00Z

[ES] Esta investigación analiza la interdependencia del mercado ilícito de cocaína en la frontera colombo-ecuatoriana y los puertos marítimos de Europa, enfocándose en la consolidación de alianzas tácticas y estratégicas, así como en el despliegue de gobernanzas criminales en estos territorios entre 2010 y 2022. Mediante un enfoque cualitativo, basado en el rastreo de los procesos del mercado de la cocaína a nivel mundial, se estudia cómo las organizaciones criminales de Colombia, Ecuador y Europa fomentan una cooperación criminal a través de la formación de cadenas de valor con efectos asimétricos, fenómeno crucial y envolvente que genera disputas territoriales mediante el uso de la violencia. A través de una revisión exhaustiva de la literatura sobre criminalidad organizada y economía política internacional (EPI), el estudio busca demostrar que la capacidad interdependiente y reguladora de los mercados ilícitos otorga a los actores criminales involucrados en las cadenas logísticas, altos niveles de influencia en las decisiones que configuran los precios de mercado, profundizando así la distribución asimétrica de los ingresos. Esta dinámica, a su vez, se refleja en los diferentes modelos de gobernanza criminal y en los altos niveles de violencia en las áreas donde operan estas organizaciones. El estudio resalta la participación de un “nuevo” actor criminal para la realidad andina colombo-ecuatoriana, los albaneses, que constituyen un reto de interpretación para la investigación criminológica suramericana en escenarios de cambio y transformación interdependiente con Europa.; [EN] This research examines the interdependence between the illicit cocaine market on the Colombian-Ecuadorian border and the maritime ports of Europe, focusing on the formation of tactical and strategic alliances and the consolidation of criminal governance in these territories between 2010 and 2022. Using a qualitative approach based on process tracing of the global cocaine market, the study explores how criminal organizations in Colombia, Ecuador, and Europe foster criminal cooperation by forming value chains with asymmetric effects, leading to territorial disputes and violence. ii Through an exhaustive review of the literature on organized crime and international political economy (EPI), the study seeks to demonstrate that the interdependent and regulatory capacity of illicit markets gives criminal actors involved in logistics chains high levels of influence in the decisions that shape market prices, thus deepening the asymmetric distribution of income. This dynamic, in turn, is reflected in the different models of criminal governance and the high levels of violence in the areas where these organizations operate. The study highlights the participation of a “new” criminal actor in the Colombian Ecuadorian Andean reality, the Albanians, who constitute an interpretation challenge for South American criminological research in scenarios of change and interdependent transformation with Europe.

2025-01-01T00:00:00Z Merizalde Veliz, Johanna Elizabeth http://hdl.handle.net/10366/170016 2026-02-26T05:55:10Z 2025-01-01T00:00:00Z

[ES] La tesis doctoral, "El delito de lavado de activos en el Ecuador (Arts. 317 del COIP). Aspectos Político-criminales y dogmáticos desde los fundamentos del Derecho Penal Español", está estructurada en una primera parte denominada Análisis Criminológico y política criminal del lavado de activos, mientras que la segunda parte aborda el Análisis dogmático del delito lavado de activos en el Ecuador. La investigadora, ha considerado importante que previo al estudio y análisis dogmático del tipo penal lavado de activos, es fundamental conocer las características criminológicas de este fenómeno criminal, así como los factores que lo condicionan y las consecuencias de este delito transnacional que cada vez aumenta gracias a la globalización de la económica mundial, empleo de nuevas tecnologías por el sistema financiero y bancario, la liberalización de los mercados de capitales, la existencia de los paraísos fiscales, factores que sin duda propician a la economía sumergida.

2025-01-01T00:00:00Z Marcantonio Ferreira, Thiago http://hdl.handle.net/10366/170004 2026-02-26T05:58:03Z 2025-01-01T00:00:00Z

[PT] O objeto de estudo da presente tese é a ausência de comunicação intersistêmica entre o subsistema processual penal e o subsistema de integridade pública. O ponto de partida das análises investigativas é a corrupção no setor público. Analisa-se as suas causas, consequências, principais impactos, bem como as novas abordagens de enfrentamento, num cenário marcado pela atuação de organizações criminosas transnacionais de elevado grau de sofisticação. Constatadas as insuficiências das respostas tradicionais, aposta-se nos sistemas de integridade pública como principal instrumento da governança pública para o controle da corrupção. A hipótese da presente pesquisa parte da identificação de que a mera instituição desses sistemas não é o bastante, diante da observação de que, invariavelmente, os casos de corrupção pública se repetem. Para uma resposta eficaz propõe-se a construção de um sistema integral de controle da corrupção pública. Para tanto, a comunicação intersistêmica entre o sistema repressivo e o sistema preventivo deve ser direta e permanente. Tal comunicação deve ser dada por meio de um permanente e natural acoplamento estrutural entre esses dois sistemas. Somente a partir dessa comunicação será possível fazer com que o subsistema de integridade pública aperfeiçoe as suas estruturas e a sua função de gestão de riscos de quebra de integridade. Caso contrário, mantido o modelo de (não) comunicação atual, os casos de corrupção pública vão se repetindo e o subsistema de integridade transforma-se num sistema cosmético, instituído apenas para dar uma resposta simbólica (não efetiva) à necessidade de prevenção de riscos de integridade. A base teórica principal, com a qual pretende-se verificar a hipótese supramencionada, é a teoria dos sistemas sociais de Niklas Luhmann.; [ES] El objeto de estudio de esta tesis es la falta de comunicación intersistémica entre el subsistema procesal penal y el subsistema de integridad pública. El punto de partida del análisis investigativo es la corrupción en el sector público. Se analizan sus causas, consecuencias, principales impactos, así como nuevos enfoques para afrontarla en un escenario marcado por la actuación de organizaciones criminales transnacionales altamente sofisticadas. Tras observar las insuficiencias de las respuestas tradicionales, los sistemas de integridad pública se consideran el principal instrumento de la gobernanza pública para controlar la corrupción. La hipótesis de esta investigación se basa en la observación de que la mera instauración de estos sistemas no es suficiente, dado que los casos de corrupción pública se repiten invariablemente. Para brindar una respuesta eficaz, se propone construir un sistema integral de control de la corrupción pública. Para ello, la comunicación intersistémica entre el sistema represivo y el preventivo debe ser directa y permanente. Esta comunicación debe darse mediante un acoplamiento estructural permanente y natural entre ambos sistemas. Solo mediante esta comunicación será posible que el subsistema de integridad pública mejore sus estructuras y su función de gestión de riesgos de vulneración de la integridad. De lo contrario, si se mantiene el modelo actual de (in)comunicación, se repetirán los casos de corrupción pública y el subsistema de integridad se convertirá en un sistema cosmético, establecido únicamente para dar una respuesta simbólica (ineficaz) a la necesidad de prevenir riesgos de integridad. La principal base teórica con la que pretendemos verificar la hipótesis mencionada es la teoría de sistemas sociales de Niklas Luhmann.; [EN] The object of this thesis is the lack of intersystemic communication between the criminal procedural subsystem and the public integrity subsystem. The investigative analysis begins with corruption in the public sector. Its causes, consequences, main impacts, and new approaches to combating corruption are analyzed in a scenario marked by the activities of highly sophisticated transnational criminal organizations. Having identified the inadequacies of traditional responses, public integrity systems are considered the primary instrument of public governance for controlling corruption. The hypothesis of this research is based on the identification that the mere establishment of these systems is not enough, given the observation that public corruption cases invariably recur. For an effective response, the construction of a comprehensive system to control public corruption is proposed. To this end, intersystemic communication between the repressive system and the preventive system must be direct and ongoing. This communication must occur through a permanent and natural structural coupling between these two systems. Only through this communication will it be possible for the public integrity subsystem to improve its structures and its integrity risk management function. Otherwise, if the current (non-)communication model is maintained, cases of public corruption will continue, and the integrity subsystem will become a cosmetic system, established merely to provide a symbolic (ineffective) response to the need to prevent integrity risks. The main theoretical basis for verifying the aforementioned hypothesis is Niklas Luhmann's social systems theory.

2025-01-01T00:00:00Z González González, Pablo http://hdl.handle.net/10366/169843 2026-02-19T04:08:52Z 2025-01-01T00:00:00Z

[EN] The prevalence of social media and algorithms has been argued to divide the public sphere, shifting information flows from shared news agendas to semi-public spaces. This shift raises new questions about how citizens encounter, process, and engage with political information, marked by the emergence of more passive consumption habits, where individuals increasingly expect important information to reach them without active effort. By employing survey and experimental data, this dissertation examines how citizens’ political orientations and patterns of information consumption are shaped within this backdrop through three articles and a set of complementary analyses, contextualized in the United States, Chile, and Southern Europe (Italy, Portugal, and Spain). The first article and complementary analyses examine how individuals with stronger populist attitudes are more likely to adopt the ‘News-Finds-Me’ (NFM) perception, relying on peers and platforms to obtain political information and disconnecting themselves from active news seeking. The second article explores how the NFM perception nurtures positive attitudes toward and reliance on algorithmic news gatekeeping, as well as social media political homophily, which reinforces ideological echo chambers and accelerates fragmentation: a defining feature of today’s dissonant public spheres. And lastly, the third article examines the adoption of misperceptions about election fraud and their correction, studying how the dissemination of misleading political information in today’s fragmented information ecosystems can undermine citizens’ trust in the democratic process. Although these misperceptions are resilient, their adoption can be mitigated through corrective interventions on social media. By exploring these attitudinal and informational features, this dissertation contributes to understanding the fragmentation of dissonant public spheres.; [ES] La prevalencia de las redes sociales y los algoritmos ha sido señalada como un factor que divide la esfera pública, desplazando los flujos de información desde agendas de noticias compartidas hacia espacios semipúblicos. Este cambio plantea nuevas preguntas sobre cómo los ciudadanos encuentran, procesan e interactúan con la información política, marcado por la aparición de hábitos de consumo más pasivos, donde los individuos esperan cada vez más que la información importante les llegue sin un esfuerzo activo. Mediante datos de encuestas y un experimento, esta tesis examina cómo se configuran las orientaciones políticas y los patrones de consumo de información de los ciudadanos en este trasfondo, a través de tres artículos y una serie de análisis complementarios, contextualizados en Estados Unidos, Chile y el sur de Europa (Italia, Portugal y España). El primer artículo y los análisis complementarios examinan cómo los individuos con actitudes populistas más fuertes son más propensos a adoptar la percepción “las noticias me encuentran” (‘News-Finds-Me’, NFM), confiando en sus pares y dependiendo de estos y de las plataformas para obtener información política, y ‘desconectándose’ de la búsqueda activa de noticias. El segundo artículo explora cómo la percepción ‘NFM’ genera actitudes positivas hacia la selección algorítmica de noticias y una mayor dependencia de esta, así como ‘homofilia política’ en redes sociales, lo que refuerza las cámaras de eco ideológicas y acelera la fragmentación: una característica definitoria de las esferas públicas disonantes de hoy en día. Y, por último, el tercer artículo examina la adopción de percepciones erróneas sobre fraude electoral y su corrección, estudiando cómo la difusión de información política engañosa en los ecosistemas de información fragmentados de hoy en día puede socavar la confianza de los ciudadanos en el proceso democrático. Aunque estas percepciones erróneas son resistentes, su adopción puede mitigarse mediante intervenciones correctivas en redes sociales. Al explorar estas características actitudinales e informativas, esta tesis contribuye a la comprensión de la fragmentación de las esferas públicas disonantes.

2025-01-01T00:00:00Z