http://hdl.handle.net/10366/157042 Sat, 09 May 2026 16:42:01 GMT 2026-05-09T16:42:01Z http://hdl.handle.net/10366/170766 [ES]Una nueva categoría jurídica se está asentando en el entorno normativo. La consideración de persona o grupo vulnerable es reconocida ya a nivel legal, tanto en las normas materiales como, de manera directa o indirecta, en el ámbito procesal. Es importante determinar los espacios de vulnerabilidad y, con ello, sus posibles consecuencias procesales, fundamentalmente de cara a la posible evolución hacia un procesal judicial adaptado a la situación y necesidades del vulnerable que le permita obtener una verdadera tutela judicial efectiva desde su inicial situación de desventaja o desigualdad ante el proceso. El tradicional binomio entre legalidad y discrecionalidad en la aplicación de la norma procesal va a ser ponderado desde los principios de flexibilidad y proporcionalidad como ejes sobre los cuales proceder a la pertinente adecuación procesal.[EN]A new legal category is taking hold in the regulatory environment. The status of vulnerable person or group is now recognized legally, both in substantive regulations and, directly or indirectly, in the procedural sphere. It is important to determine the areas of vulnerability and, consequently, their potential procedural consequences, primarily in view of the possible evolution toward a judicial procedure adapted to the situation and needs of vulnerable individuals, allowing them to obtain truly effective judicial protection from their initial disadvantaged or unequal position in the process. The traditional balance between legality and discretion in the application of procedural rules will be weighed based on the principles of flexibility and proportionality as the axes on which to proceed with the relevant procedural adaptation. Wed, 01 Jan 2025 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/10366/170766 2025-01-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/10366/170763 [ES]La ejecución forzosa civil ha de adaptarse a las nuevas realidades patrimoniales de carácter tecnológico. Una de ellas, quizá la que mayor expansión y volumen económico genera en la actualidad, son las criptomonedas. Ante esta circunstancia, como nueva realidad económica y patrimonial de carácter digital, el presente estudio analiza la posibilidad de llevar a cabo el embargo de criptomonedas desde su consideración de activo digital inmaterial pero susceptible de convertibilidad a moneda de curso legal y como elemento que integra el patrimonio de una persona con una valoración determinable a través de su transferencia en los correspondientes mercados en los que cotiza. Dilucidar, por tanto, su encaje en la actual normativa procesal civil española como bien embargable, desde la teoría general del embargo como institución procesal, nos conduce, en segundo lugar, a valorar como proceder al embargo de criptomonedas, también dentro de la regulación legal vigente. El estudio confirma la posibilidad de proceder al embargo de criptomonedas propiedad del ejecutado desde su consideración de bienes muebles digitales inmateriales que pueden ser apremiados, posteriormente, para proceder a su entrega directa al ejecutante o bien a su transmisión mediante transacciones electrónicas en el mercado de criptomonedas. Todo ello sin perjuicio de una serie de condicionantes, fundamentalmente de acceso y gestión de las criptomonedas, que también son analizados y objeto de valoración ante una posibilidad procesal emergente: embargar criptomonedas. Wed, 01 Jan 2025 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/10366/170763 2025-01-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/10366/170762 [ES] Nuestra sociedad asiste al crecimiento de un tipo delictivo especialmente injusto, discriminatorio y muy vinculado a las redes sociales, como son los delitos de odio. Los menores de edad no son ajenos a esta realidad y también puede cometer dichas infracciones viéndose abocados al correspondiente proceso penal en el cual determinar su responsabilidad penal y las medidas a imponer en sentencia. El tercer factor que integra el presente trabajo es la inteligencia artificial, como tecnología disruptiva, y cuya implementación en el ámbito de la administración de justicia puede servir como elemento de asistencia a los órganos jurisdiccionales en la realización de determinadas actuaciones y resoluciones procesales. Analizamos cómo ante menores infractores en delito de odio la inteligencia artificial puede ser una herramienta válida y eficaz, al servicio de los Juzgados y Fiscalías de Menores, para llevar a cabo actuaciones como la evaluación criminológica del menor, la valoración del riesgo de reincidencia o la idoneidad de las medidas a imponer en sentencia y su eventual modificación, sustitución o suspensión. [EN] Our society is witnessing the growth of a type of crime that is especially unfair, discriminatory and closely linked to social networks, such as hate crimes. Minors are not immune to this reality and can also commit such infractions and be led to the corresponding criminal process in which determine their criminal responsibility and the measures to be imposed in a sentence. The third factor that makes up this work is artificial intelligence, as a disruptive technology, and whose implementation in the field of the administration of justice can serve as an element of assistance to jurisdictional bodies in carrying out certain procedural actions and resolutions. We analyse how, in the case of minor hate crime offenders, artificial intelligence can be a valid and effective tool, at the service of Juvenile Courts and Prosecutor's Offices, to carry out actions such as the criminological evaluation of the minor, the assessment of the risk of recidivism or the suitability of the measures to be imposed in the ruling and their eventual modification, replacement or suspension. Mon, 01 Jan 2024 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/10366/170762 2024-01-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/10366/170759 [ES]El cambio de modelo de justicia es una realidad. Ese cambio viene totalmente determinado por la irrupción de las nuevas tecnologías de carácter disruptivo y, principalmente, por la posible integración de soluciones de inteligencia artificial en el proceso judicial en funciones de asistencia al órgano jurisdiccional. Estamos, probablemente, ante una nueva justicia: la justicia híbrida. Una justicia procesal en la que desde la innegociable supervisión por humano (juez) las aplicaciones tecnológicas van a tener cada vez más protagonismo en la actividad procesal, con las exigencias de legalidad y respeto a los derechos fundamentales como ejes que habilitan su utilización con todas las garantías.[EN]The change in the justice model is a reality. This change is totally determined by the emergence of new disruptive technologies and, mainly, by the possible integration of artificial intelligence solutions in the judicial process in functions of assistance to the judiciary. We are probably facing a new justice: hybrid justice. A procedural justice in which, from the non-negotiable supervision by a human (judge), technological applications will have an increasing role in the procedural activity, with the demands of legality and respect for fundamental rights as axes that enable their use with all the guarantees. Mon, 01 Jan 2024 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/10366/170759 2024-01-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/10366/170756 [ES]Realizar una valoración inicial sobre el acomodo de la tecnología disruptiva con los derechos fundamentales y garantías constitucionales implica analizar la repercusión de la posible utilización de elementos tecnológicos de última generación (inteligencia artificial) en funciones asistenciales de la labor jurisdiccional. El binomio proceso judicial e inteligencia artificial es una realidad que debe conciliarse desde tres premisas imprescindibles: normal legal, jurisdiccionalidad y respeto a los derechos fundamentales. Sin duda, el hecho de que la aplicación de la inteligencia artificial se sostenga, como uno de sus grandes principios, por la necesidad de control por humano, garantiza que el órgano jurisdiccional sea el garante de la legalidad y constitucionalidad de la utilización de soluciones de inteligencia artificial en funciones auxiliares en la actividad procesal sin que el justiciable vea afectados derechos fundamentales como la presunción de inocencia, el derecho de defensa o el derecho a la tutela judicial efectiva, que, a su vez, deben ser interpretados y adaptados a la realidad tecnológica actual.[EN]Carrying out an initial assessment of the accommodation of disruptive technology with fundamental rights and constitutional guarantees implies analyzing the impact of the possible use of cutting-edge technological elements (artificial intelligence) in auxiliary tasks of jurisdictional work. The binomial judicial process and artificial intelligence is a reality that must be reconciled from three essential premises: legal normality, jurisdictionality and respect for fundamental rights. Without a doubt, the fact that the application of artificial intelligence is supported, as one of its main principles, by the need for human control (human in commad), guarantees that the jurisdictional body is the guarantor of the legality and constitutionality of the use of security solutions.Artificial intelligence in auxiliary functions in the procedural activity without affecting the defendant’s fundamental rights such as the presumption of innocence, the right of defense or the right to effective judicial protection, which, in turn, must be interpreted and adapted to reality current technology. Mon, 01 Jan 2024 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/10366/170756 2024-01-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/10366/163266 [ES] Este trabajo pretende ofrecer una aproximación general al procedimiento testigo como una herramienta dirigida a combatir la sobrecarga de los órganos jurisdiccionales en el orden civil en casos de litigiosidad masiva. Para ello, se abordarán los fundamentos y los instrumentos procesales que pueden ser análogos o que han podido servir de inspiración al legislador español. En su estado embrionario, la configuración prelegislativa de esta técnica adolece de ciertos problemas que, como se verá, pueden ser resolubles de cara a su posible incorporación en otros ordenamientos iberoamericanos. [EN] This work aims to generally describe the model case proceedings as a suitable tool to reduce the work overload of civil courts facing massive litigation. In doing so, the rationale and procedural instruments that may be analogous or that may have served as inspiration to the Spanish legislator will be addressed. In its embryonic state, the pre-legislative configuration of this technique suffers from certain difficulties that could be resolved to its possible incorporation into other Ibero-American legal systems Fri, 01 Dec 2023 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/10366/163266 2023-12-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/10366/163265 [ES] Este artículo aborda la cuestión prejudicial como instrumento procesal para refor- zar el diálogo entre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y los órganos jurisdicciona- les nacionales. En concreto, se parte de la noción de diálogo judicial y de los mecanismos reconocidos en el Derecho primario de la Unión, de entre los cuales la cuestión prejudicial ocupa una posición privilegiada en la actuación eficaz y uniforme de las disposiciones de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. [EN] In this paper, we address the preliminary ruling as a procedural instrument to strengthen dialogue between the European Court of Justice and the national courts. In par- ticular, our starting point is the concept of judicial dialogue and the mechanisms recognized by European Union’s primary law, from which the preliminary ruling is uniquely positioned within the effective and uniform application of the provisions concerning the Charter of Fundamental Rights of the European Union. Wed, 01 Jan 2020 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/10366/163265 2020-01-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/10366/163264 [ES] Este trabajo tiene por objeto el análisis crítico de los poderes de ejecución del Tribunal Constitucional a partir de la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre. En concreto, se partirá de la efectividad de las resoluciones constitucionales como pretendida base de una reforma que ha ampliado las facultades de que ya disponía el Tribunal y ha introducido importantes modificaciones en esta materia, como la posibilidad de suspender a autoridades y funcionarios públicos, de solicitar del Gobierno de la Nación la ejecución sustitutoria, de deducir el testimonio de particulares para exigir responsabilidad penal y de imponer medidas inaudita parte en casos de especial trascendencia constitucional. [EN] This paper aims to critically analyze the enforcement powers of the Constitutional Court following the Organic Act 15/2015, of 16th October. In particular, our starting point is the effectiveness of constitutional decisions as alleged basis of the aforementioned reform, which has extended the powers of the Constitutional Court and introduced new ones, such as the possibility of suspending authorities and public servants, calling for the enforcement by the national government, attesting the criminal liability of individuals or imposing enforcement measures inaudita parte in situations involving special constitutional importance. Sat, 01 May 2021 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/10366/163264 2021-05-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/10366/157689 [ES] La regulación del procedimiento de ingreso de menores en centros de protección específicos por problemas de conducta ha dado respuesta a una realidad de nuestra sociedad, como es el cada vez mayor número de menores que se encuentran dentro del sistema de protección y que requieren una atención especializada e individualizada que no pueden proporcionar los centros de protección ordinarios, dado el carácter disruptivo de sus conductas, motivadas por graves problemas de inadaptación familiar y/o social. La cobertura legal que ofrece el procedimiento regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil no está, sin embargo, exenta de complejidad, especialmente por la necesidad de realizar continuas remisiones a otras normas del ordenamiento jurídico, a disciplinas extra muros del mismo, así como por su carácter eminentemente procedimental. La reforma era necesaria, pero ha resultado poco ambiciosa, limitándose a realizar una transcripción prácticamente literal del procedimiento de internamiento no voluntario previsto en el artículo 763 LEC, sin tener en cuenta las particularidades que concurren en una medida de estas características cuando de menores se trata, y eludiendo la necesidad de establecer con carácter general una serie de parámetros de aplicación a todo el territorio nacional, entre otras cuestiones, una edad mínima para ingresar en estos centros que evite disparidad de criterios, teniendo en cuenta que la regulación del acogimiento residencial es competencia de las Comunidades Autónomas. Thu, 19 Dec 2019 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/10366/157689 2019-12-19T00:00:00Z http://hdl.handle.net/10366/157685 [ES] La violencia de género es una de las peores lacras de nuestra sociedad. Esta dolorosa realidad oculta otras no menos importantes, que deben ser igualmente visibilizadas a fin de adoptar las medidas necesarias que permitan no sólo su erradicación, sino también su prevención. En concreto, se puede afirmar, en primer lugar, que es posible hablar de violencia de género entre menores de edad y, en segundo lugar, que es un problema en aumento que requiere una atención especializada. Así lo demuestran las cifras manejadas en este trabajo, evidenciando el aumento de más del 50% de casos en los últimos años. Sólo desde la prevención podremos luchar por su erradicación en edades tan tempranas del desarrollo de la personalidad. Tue, 09 Oct 2018 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/10366/157685 2018-10-09T00:00:00Z http://hdl.handle.net/10366/157683 [ES] El artículo 109 bis.3 de la LECrim, que refleja la posibilidad de personación de las asociaciones de víctimas y de las personas jurídicas a las que la ley reconoce legitimación para defender los derechos de las víctimas, cuando cuenten con la autorización de la víctima del delito, no supone una modificación del contenido del derecho al ejercicio de la acusación popular recogido en el artículo 125 CE. [EN] Article 109 bis(3) LECrim, which reflects the possibility of participating in the process for victims associations and legal entities with legitimacy to defend the rights of victims, when they have the au- thorization of the crime victim, does not suppose a modification of the content of the right to exercise the ‘popular prosecution’ included in article 125 CE. Fri, 01 Jun 2018 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/10366/157683 2018-06-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/10366/157661 [ES] El presente trabajo pretende hacer un análisis de la reciente Directiva 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2016. La finalidad de la Directiva consiste en reforzar en el proceso penal el derecho a un juicio justo, estableciendo unas normas mínimas comunes relativas a determinados aspectos de la presunción de inocencia y los derechos conexos, así como al derecho a estar presente en el juicio, dados los diferentes niveles de protección que los derechos de los sospechosos y acusados presentan en las legislaciones de los distintos Estados miembros. [EN] The aim of this paper is analyze the recent Directive 2016/343 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016. The purpose of the Directive is to strengthen the criminal proceedings the right to a fair trial, setting common minimum standards concerning certain aspects of the presumption of innocence and related rights, and the right to be present at trial, given the different levels of protection that the rights of suspects and accused persons present in the laws of the Member States. Sun, 01 May 2016 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/10366/157661 2016-05-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/10366/157196 [ES] El objetivo de este trabajo es analizar la existencia de un nuevo concepto de seguridad que permita hacer frente a las amenazas de la actual criminalidad, así como el cambio que el terrorismo internacional ha supuesto en la percepción de ese concepto desde el año 2001. Se examina si este nuevo orden mundial legitima el uso por parte de los Estados de sistemas de vigilancia masiva de comunicaciones, con un estudio detallado de las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la materia, a fin de que se pueda apreciar la injerencia de estas técnicas en la vida privada de los ciudadanos. Sun, 01 Jan 2017 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/10366/157196 2017-01-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/10366/157142 [ES] El crimen organizado constituye hoy en día una verdadera amenaza a la seguridad de los Estados. La lucha contra este fenómeno criminológico complejo y proteico ha demostrado que los métodos tradicionales de investigación del delito y averiguación del delincuente devienen ineficaces cuando de criminalidad organizada se habla. En el presente trabajo se analizará la incidencia decisiva del crimen organizado en la investigación penal, a la vez que se refleja la legitimación que la normativa supranacional hace del recurso a las técnicas especiales de investigación en la lucha contra el mismo, revelándose la intervención de las comunicaciones como una de las más eficaces en la materia. Fri, 01 Jan 2016 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/10366/157142 2016-01-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/10366/157077 [ES] La declaración de la víctima del delito ha ido adquiriendo cada vez mayor protagonismo en el proceso penal español, hasta el punto de convertirse en esencial para enervar la presunción de inocencia en aquellos procesos en que se constituye como única prueba de cargo. Tal circunstancia ha alcanzado mayor relevancia, aún si cabe, en los delitos relacionados con la violencia de género, caracterizados, por un lado, por las especiales particularidades que confluyen en quien además de víctima del hecho delictivo es testigo de este y, por otro, por el escaso acervo probatorio con que suele contar el juzgador en los procesos penales seguidos por tales hechos, al ser conductas estas generalmente cometidas en la intimidad de la relación de pareja. El presente trabajo tiene por objeto analizar los parámetros orientativos proporcionados por el Tribunal Supremo español en la declaración de tales víctimas. Se examina la posición jurisprudencial tradicional y se valorará posteriormente, de una manera crítica, la ampliación que de dichos criterios ha realizado la reciente sentencia del Tribunal Supremo 119/2009, de 6 de marzo, a fin de determinar la necesidad o no de dicha ampliación, así como la incidencia de su aplicación en los procesos seguidos por delitos relacionados con la violencia de género. [EN] The declaration of the victim of the crime has been gaining prominence in the Spanish criminal process, to the point of becoming essential to enervate the presumption of innocence in those processes in which it is the only proof of charge. This circumstance has become even more relevant, even if possible, in crimes related to gender violence, characterized, on the one hand, by the special characteristics that converge on someone who, in addition to being a victim of the criminal act, is a witness to it and, on the other, due to the scarce body of evidence that the judge usually has in the criminal proceedings followed by such acts, as these are behaviours generally committed in the intimacy of the couple’s relationship. The purpose of this work is to analyse the guiding parameters provided by the Spanish Supreme Court in the declaration of such victims. The traditional jurisprudential position will be examined and the expansion that these criteria have made in the recent ruling of the Supreme Court 119/2009, of March 6, will be critically assessed afterward, to determine the need or not for such expansion, as well as the incidence of its application in the processes followed by crimes related to gender violence. Tue, 27 Oct 2020 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/10366/157077 2020-10-27T00:00:00Z