El Consulado de Comercio. Cartagena de indias y su papel económico y político en el conflicto de independencia (1795-1821)

Abstract

La política económica de la monarquía absolutista no encontró fórmulas válidas a partir de las cuales imponer un dominio racional de los recursos. De este modo, las acciones individuales de los virreyes más reformistas acabaron chocando contra la imposibilidad de reformar un sistema económico obsoleto y esclerótico. La Real Cédula de 14 de junio de 1795 ordenó la erección de un Consulado de Comercio en Cartagena de Indias. Los comerciantes cartageneros, triunfantes sobre los de Santa Fe, tuvieron a partir de ese momento una poderosa arma política para apoyar el poder económico que de facto ya manejaban. La estructura económica de la monarquía no variaría con la introducción de estas nuevas instituciones (de origen medieval), pero sí la política: nuevos agentes políticos reconocidos que hasta ahora habían estado relegados a los gobiernos locales ostentarán un poder suprarregional con el que enfrentarse a los funcionarios de la corona. Sin embargo, salvo en casos muy aislados y teóricos, no plantearán una transformación de la estructura económica ni una dinamización del comercio y de la producción y se conformarán, en principio, con que las nuevas instituciones les sirvan de defensa de intereses propios, muy concretos, que no llegaron más que a los propios individuales y, como mucho, a los de sus propias redes socioeconómicas. Pero al tiempo, la asunción de los poderes políticos emanados de las nuevas instituciones consulares preparó las estrategias que podrían desarrollarse en un futuro y dividió profundamente las sociedades. En la lucha por la independencia, la pugna por el control político institucional orientó la acción política de las redes sociales y separó, para siempre, a criollos de españoles peninsulares.