La contribución del poder judicial a la protección de los derechos humanos de tercera generación; especial referencia al derecho al desarrollo

Abstract

[ES] Se ha buscado un diálogo de tres ramas del Derecho: Internacional, Constitucional y Procesal con la Economía, en especial con el Neo-Institucionalismo. Además, en algunos aspectos también dialoga con la sociología y con la filosofía. Es, por tanto, un trabajo INTERDICIPLINÁRIO. Contiene 4 Capitulos: i aspectos conceptuales de los derechos humanos de tercera generación; ii el derecho al desarrollo como derecho humano de tercera generación; iii consideraciones generales con respecto al proceso en la modernidad para la comprensión de su misión protectora de los derechos humanos de tercera generación; referencia especial a la protección del derecho al desarrollo; iv la protección judicial de los derechos humanos de tercera generación, en especial referencia al derecho al desarrollo (El Poder Judicial y el Derecho al Desarrollo). Descreve la responsabilidad de Naciones Unidas con el fin de que la humanidad disponga de unas mínimas condiciones de vida que garanticen el respeto de los hombres y ciudadanos en cada país, acciones, a fin de cuentas, dirigidas a la implantación de políticas públicas que favorezcan la dignidad del hombre. No es suficiente el mero reconocimiento positivo de los derechos humanos, sino que es necesario contar con instrumentos normativos procesales que, de forma efectiva, protejan y garanticen los derechos humanos, para así posibilitar al hombre el acceso a los tribunales, la reivindicación de sus derechos y el pleno conocimiento y entendimiento de éstos, por lo que el Poder Judicial juega un papel preponderante en la protección de los derechos humanos. Además, el desarrollo debe estar fundamentalmente al servicio de la satisfacción de las necesidades básicas de la población. En este tiempo una actuación judicial más humana, relacionada, evidentemente, con la implantación de un proceso más humano. Se subraya esta nueva misión del juez en la pos-modernidad, cuando se reflexiona sobre la visión de la economía neo-institucionalista, que destaca la importancia para el desarrollo socio-económico de las instituciones, de entre las cuales, se destaca, la Justicia. Por consecuente, estas afirmaciones económicas pueden se constituir en un antecedente racional para que se pueda llegar hasta la concepción de una finalidad económica que se reviste el proceso civil, esto es, un escupo económico para el proceso civil. Hay que observar, en la concepción de la Economía Neo-Institucionalista, el nuevo vigor que asume la Economía del Desarrollo. Dada la importancia que para el mercado representan los consumidores e incluso los efectos para la economía y para el desarrollo de un país - y no sólo para el propio mercado, ya que su equilibrio se refleja significativamente en la economía - es fundamental propiciar las condiciones favorables para que el mercado esté estable y en crecimiento. Esto dependerá sin duda, entre otras cuestiones, de la protección legal y judicial que se dé a los consumidores, especialmente la protección a través de las tutelas procesales (tanto individuales como colectivas). El Poder Judicial, con esas tutelas de protección a los consumidores y usuarios ofrecería, indirectamente, su contribución para el desarrollo socio-económico de una sociedad beneficiada con esas tutelas de protección.El proceso civil, en cuanto instrumento que el Estado dispone para hacer Justicia a los ciudadanos, más allá de su función redistributiva y de reintegración social al aplicar normas jurídicas a situaciones factuales, ha asumido, modernamente, una función de cooperador de la economía, ante justamente, el papel adyuvante del desarrollo socio-económico, que la seguridad jurídica puede proporcionar en el contexto social. Al Derecho Procesal Civil deben ser incorporados los más nuevos estudios de la Economía Neoinstitucionalista, en un esfuerzo científico interdisciplinario, para mejor reflexión y búsqueda de soluciones que tornen el sistema de justicia, ágil y eficiente. La justiciabilidad puede ser una vía para favorecer la efectividad de los derechos humanos. Asumimos posición de entre aquellos que defienden que el Derecho al Desarrollo, comprendidos en los derechos sociales, por ejemplo, de educación fundamental, salud básica, asistencia a los desamparados y el derecho de acceso a la Justicia, son integrantes indispensables y con posibilidades de constituirse en un derecho subjetivo individual definitivo. Defendemos, por consiguiente, que así como es perfectamente posible la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales es igualmente posible la justiciabilidad del derecho al desarrollo en el estadio actual de los derechos humanos. Los tribunales y juzgados ya han protegido de forma bastante enfática y en numerosas ocasiones algunos de estos derechos de tercera generación, como son los de los consumidores y del usuario y los de cariz ambientalista, algo no muy diferente al derecho al desarrollo aunque es muy difícil verificar una jurisprudencia correspondiente. Hay que considerar que la defensa de la protección y justiciabilidad de los DESCs ha sido gradualmente admitida en muchos países democráticos, no sólo con sede doctrinaria pero también jurisprudencial. Y de la misma manera, se puede antever que el derecho al desarrollo, poco a poco, va siguiendo el mismo camino de aquellos otros derechos ya plenamente justiciables y protegidos por el Poder Judicial. Seguramente que en actualidad hay una nueva Justicia en Brasil, por los poderes constituidos, han firmado dos pactos republicanos de Estado por un Sistema de Justicia más accesible, ágil y efectivo, es decir, por una Justicia mejor, más democrática y más eficiente, que ha exigido la edición de 18 (dieciocho) nuevas leyes, de nuevas medidas tomadas por el Presidente de la República Brasileña y por el Presidente de la Corte de Justicia mayor, el Supremo Tribunal Federal STF. El Banco Mundial ha querido aprovechar el modelo de desarrollo del STJ para ayudar en la modernización de las cortes de América Latina, Caribe y África, dentro del eje de cooperación conocido como Sud-Sud. Estas cooperaciones con instituciones de países en desarrollo han sido valoradas por este importante organismo internacional de políticas de desarrollo. La creación del CNJ ha comportado en el seno nacional importantes cambios éticos y la modernización de carácter administrativo. Basta citar, como ejemplos éticos, los siguientes: 1º) el término del nepotismo en el Poder Judicial brasileño; 2º) establecimiento de límites en los salarios de jueces, desembargadores y ministros de tribunales superiores y la eliminación de salarios adicionales que aumentaban considerablemente los valores que el Estado pagava a los magistrados. Es perfectamente posible defender la concepción de que, siempre que el Estado interfiere de manera práctica para proteger y garantizar derechos humanos o derechos fundamentales, a través de la realización práctica de estos derechos, estará por consiguiente, contribuyendo al desarrollo humano e indirectamente al desarrollo socio-económico. Insertado en esta perspectiva, proponemos que al conceder una medida cautelar de protección a la integridad física de una mujer, y algunas veces de protección al mayor derecho de un ser humano, que es la propia vida, el Estado Jurisdiccional estará adoptando, in concreto, medidas que promueven el desarrollo humano; y considerando estas actuaciones estatales al ámbito colectivo, también el desarrollo socio-económico

[EN] It has sought a dialogue of three branches of the law: International, Constitutional and Procedural with economics, especially the Neo-Institutionalism. In addition, in some respects also talks with sociology and philosophy. Is therefore interdisciplinary work. Contains 4 chapters: i. conceptual aspects of the human rights of third generation, ii. the right to development as a human right of third generation, iii. general considerations regarding the process in modernity for understanding its protective of human rights of third generation; special reference to the protection of the right to development; iv. judicial protection of human rights of third generation, with special reference to the right to development (The Judiciary and the Right to Development). Descreve UN responsibility in order that humanity available to minimal living conditions to ensure respect for the men and citizens in each country, actions, ultimately, led to the implementation of public policies that favor the dignity of man. It is not enough to merely positive recognition of human rights, it is necessary to have procedural policy instruments, effectively, protect and fulfill human rights, so as to allow man access to court, claiming their rights and full knowledge and understanding of them, so that the judiciary plays an important role in protecting human rights. In addition, development must be primarily serve the satisfaction of the basic needs of the population. At this time a more human judicial act, connected, obviously, with the introduction of a more humane process. It underscores the new role of the judge in the post-modernity, when reflecting on the vision of the neo-institutionalist economics, which stresses the importance for socio-economic development of the institutions, among which stands out, Justice. By consequent, these economic statements may constitute a precedent is rational so you can get to the conception of an economic purpose that is coated on civil process, that is, an economic spit civil process. It should be noted, in the conception of Neo-institutionalist economics, the new force that assumed Development Economics. Given the importance to the consumer market and even represent the effects for the economy and for the development of a country - and not just for the market itself, as your balance is reflected significantly in the economy - is essential to foster favorable conditions so that the market is stable and growing. This will certainly depend, among other things, the legal and judicial protection given to consumers, especially protection through the guardianship process (both individual and collective). the Judiciary, with those guardianships to protect consumers and users provide, indirectly, its contribution to socio-economic development of a society benefited from these civil process protection.The guardianships, as a tool that the State has to Justice citizens, regardless of their redistributive and social reintegration in applying legal rules to factual situations, has assumed, modern, built-in helper of the economy, with precisely the adjuvant role of socio-economic, that security entity may provide in the social context. The Civil Procedure Law should be incorporated the newest studies institutionalist economics in an interdisciplinary scientific effort to better reflect and search for solutions that make the justice system, agile and efficient. The justiciability can be an effective way to promote human rights. We assume position between those who argue that the right to development, including social rights, for example, basic education, basic health, homeless assistance and the right to access to justice are indispensable members and likely to become in final individual subjective right. We advocate, therefore, that it is perfectly possible and the justiciability of economic, social and cultural rights is also possible the justiciability of the right to development at the present stage of human rights. The lower courts have protected quite emphatic and in many cases some of these third generation rights, such as consumer and user of appearance and environmental, not unlike the right to development although it is very difficult check a corresponding law. Consider that the protection and defense of the justiciability of downl has gradually been accepted in many democratic countries based not only doctrinal but also jurisprudence. And in the same way, we can foresee that the right to development, little by little, is following the same path from those already fully justiciable rights and protected by the judiciary. Surely that today there is a new Justice in Brazil, by the powers that be, have signed two agreements for state Republicans justice system more accessible, responsive and effective, ie a Justice better, more democratic, more efficient, which has demanded the release of 18 (eighteen) new laws, new measures taken by the Brazilian President and the President of the Court of Justice major, the Supreme Federal Tribunal STF. The World Bank has sought to exploit the STJ development model to assist in the modernization of the courts of Latin America, Caribbean and Africa, in the area of cooperation known as Sud-Sud. These partnerships with institutions in developing countries have been evaluated for this important international body development policies. The creation of the CNJ has performed in important national changes within ethical and administrative modernization. Suffice it to mention, as examples ethical, the following: 1) the term nepotism in the Brazilian Judiciary, 2 º) setting limits on salaries of judges, desembargadores and ministers of courts and the elimination of additional wages that significantly increased values that the State Pagava the judges. It is perfectly possible to defend the idea that, if the State interferes practice to protect and guarantee human rights or fundamental rights, through the implementation of these rights, is therefore contributing to human development and indirectly to the socio -economic. Inserted in this perspective, we propose that in granting an injunction to protect the physical integrity of a woman, and sometimes greater protection of human rights, which is life itself, the State Jurisdictional be adopting, in particular, measures that promote human development and considering these state actions to collective boundaries also socio-economic development