Políticas públicas cabo-verdianas contra a violência baseada no género

Abstract

[ES] Naciones Unidas lanzó en 2007 el programa “Unidos en la Acción” con el propósito de poner a prueba la forma en que la ONU puede brindar asistencia de forma más coordinada a los países que se sumaran a esta iniciativa: Albania, Mozambique, Pakistán, Ruanda, Tanzania, Uruguay y Vietnam se ofrecieron para participar en ella a cambio de fondos y apoyo. Lo hizo también Cabo Verde, antigua colonia portuguesa, independiente desde el 5 de Julio de 1975, convirtiéndose así en una de las experiencias piloto de la ONU. Desde 1990 Cabo Verde ha abierto sus puertas al pluralismo de partidos y desde 1992 pasó a ser un Estado de Derecho Democrático, respetuoso con la libertad de expresión y los derechos y libertades fundamentales, dejando atrás el régimen de partido único y la llamada “democracia revolucionaria”, instituida en la Constitución de 1980.

Debido a los esfuerzos desarrollados para responder a las requisitorias de la ONU, el país ha demostrado ser, en palabras de la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Cabo Verde (UNS), Ulrika Richardson-Golinski, "un caso de estudio" en África subsahariana, revelándose, según dicha Coordinadora, si lo comparamos con la gran mayoría de los países africanos, "como uno de los que ha demostrado mayores avances" en África, incluso en igualdad de género (Objetivo 3 del Milenio).

Con todo, la violencia de género, derivada de la distribución desigual del poder entre hombres y mujeres impuesta por el patriarcado, todavía sigue siendo un desafío en la joven nación caboverdiana, a pesar, en primer lugar, de haber iniciado el camino de la ratificación, aceptación y implementación efectiva de los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos apenas dieciséis días después de haber conquistado la independencia, de haber asumido las obligaciones contenidas en la Carta de las Naciones Unidas el 21 de julio de 1975 y pese, en segundo lugar, a la mencionada condición de país piloto de la ONU, desde 2009, y también de su previa aproximación a la Unión Europea con la “Asociación Especial”: Hay que recordar que, en 2005, Cabo Verde presentó una petición al Gobierno Portugués, con el apoyo de Mario Soares, ex Presidente da República lusa, para que Portugal defendiese la adhesión del país a la Unión Europea, con el apoyo de España, Francia, Luxemburgo, los Países Bajos, Alemania, y otros Estados miembros de la UE.

En el referido contexto, en 2011 se aprobó en Cabo Verde la Ley 84 / VII / 2011 de 10 de enero, titulada "Ley que Establece Medidas para Prevenir y Reprimir la Violencia de Género". En esta tesis se intenta demostrar que el impulso para su aprobación y promulgación, proviene en parte de la movilización de la sociedad civil y de la atención a sus demandas por el Estado caboverdiano, pero también, en medida no despreciable, de los requerimientos de la sociedad internacional y de los compromisos adquiridos con los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, así como de la trascendente ayuda de la cooperación internacional. Tal confluencia de estímulos y recursos, exógenos y endógenos, ha permitido al país dar pasos significativos para combatir la violencia de género, implementar políticas públicas al respecto y establecer un nuevo escenario para dar respuestas a esta lacra (desoyendo ciertos discursos críticos con la aprobación de la Ley), al tiempo que mejoran las respuestas judiciales a los casos penales de dicha naturaleza.

No obstante, hay que tener en cuenta que, a pesar de los esfuerzos realizados, no todo es perfecto si nos atenemos a las metas fijadas y a las recomendaciones de buenas prácticas de las Naciones Unidas para la legislación sobre la violencia contra las mujeres, siendo necesario para comprender las reformas que nos ocupan y sus límites, llevar a cabo un análisis crítico del escenario en que tuvo lugar la preparación, aprobación y aplicación de la Ley Especial contra la Violencia de Género en el país y del contenido de la legislación de Cabo Verde, así como el de las respuestas judiciales en la materia, cuestiones que constituyen el núcleo de esta tesis doctoral.