[ES]Diversos estudios indican que durante los últimos tres años se ha defraudado en torno a unos 500 millones de euros al año del presupuesto de la Unión Europea, aunque se calcula que el importe total del fraude es mucho mayor, cifras estas escandalosas más teniendo en cuenta la situación de crisis social, política y sobre todo económica en la que nos encontramos. Todo esto nos lleva a replantearnos la efectividad de los sistemas de prevención de fraude de los que disponemos en la actualidad.
Como es bien sabido, en el sistema actual son los Estados miembros los encargados de investigar, perseguir y juzgar todos aquellos delitos que afecten a los intereses financieros de la UE sin que exista ninguna autoridad de la UE capaz de perseguir penalmente los delitos que afecten los intereses comunitarios, si bien es cierto que tanto Eurojust, Europol como la propia OLAF pueden facilitar la persecución de estos delitos, ninguno de estos organismos pueden llevar a cabo ni investigaciones ni procedimientos penales.
Lo que se pretende con la creación de la Fiscalía Europea es dar respuesta de una manera eficaz a todos estos delitos. Tanto en la Comunicación de la Comisión como en la propuesta de Reglamento del Consejo para la creación de la Fiscalía única, se pretende dotar a la Fiscalía de todos los poderes necesarios para que se persiga a todas aquellas personas que atenten contra los intereses financieros de la Unión.
