Razón pública y deber de civilidad en la justificación moral y política del principio "ignorantia iuris non excusat".

Abstract

El artículo indaga sobre la posible fundamentación moral y política del principio según el cual la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento, y estima que un estado constitucional aporta argumentos en defensa de este deber de conocimiento o de información hoy tan criticado. Para mostrarlo, recurre a la teoría política de J. Rawls. El pragmatismo subyacente a esta teoría nos insta a adoptar un punto de vista público y no comprehensivo en nuestros razonamientos a la hora de resolver nuestros problemas de convivencia. Me sirvo en segundo lugar de su concepto de razón pública, donde trato de elucidar sus bases subjetiva y objetiva. Desde estas premisas, el deber de conocimiento no puede ser interpretado como un mandato de optimización, tal y como ocurriría en una comprensión republicana. El deber de conocimiento se integra dentro de un deber de civilidad, y se reduce al conocimiento de las reglas públicas llegado un conflicto o ante la previsión de este.