Diversidad cultural y política criminal. Estrategias para la lucha contra la mutilación genital femenina en Europa: (especial referencia al caso español)

Abstract

[ES] El mosaico étnico, lingüístico y cultural en que se ha convertido nuestro Viejo Continente, genera una serie de conflictos que suponen un claro desafío para los Estados que lo conforman: el del multiculturalismo. En principio, pareciera que quien llega debe adaptarse, pero esto no significa que deba asumir todos los valores dominantes en el lugar de destino. La integración es otra cosa. El derecho a la diversidad, a ser diferentes, obliga a conciliar las diferencias entre los grupos implicados guiados por el diálogo y el principio de tolerancia. Pero, ¿qué sucede cuando se presenta un conflicto entre el respeto a los valores comprendidos dentro de una determinada cultura y lo que disponen las normas penales del país de acogida? Uno de los supuestos más emblemáticos de delitos culturalmente motivados es, sin duda, la mutilación genital femenina. Al respecto, en este trabajo se trata de intentar comprender si esta práctica, pese a la aberración que su solo nombre nos suscita, debería, sin embargo, tener desde el punto de vista jurídico-penal un trato diferente, dada su ineludible base cultural. En cualquier caso, limitarse a tipificarla, tal y como ha hecho nuestro legislador (art. 149.2 CP), es una visión demasiado simplista que desatiende la complejidad del entramado social, cultural y económico que asegura su prevalencia, contribuyendo a su clandestinidad y silenciando aún más a sus víctimas. Para erradicar de forma progresiva esta costumbre, se requiere algo más que el Derecho penal. Se hace necesaria una actuación global que la sitúe en el contexto de la violencia y la discriminación de las mujeres en las diferentes culturas — también la nuestra—. Porque no es sino en relación a las mujeres que las prescripciones religiosas y comunitarias se traducen a menudo en formas de opresión y discriminación, y eso es algo que, lejos de atenuarse, se refuerza con el fenómeno migratorio. Las condiciones que las sociedades de destino dispongan para las personas migradas son, por tanto, determinantes. A mayor igualdad de derechos y en derechos, con idéntica consideración y respeto por parte de los poderes públicos, mayores posibilidades de integración y prevención de este tipo de tradiciones. Sin igualdad no hay diálogo posible, y la realidad es que la asimetría entre los interlocutores crece con la misma intensidad que el subdesarrollo, el desempleo y los desequilibrios de la riqueza.