Suicidio ecológico e impunidad. La urgencia de una justicia penal efectiva frente al desastre

Abstract

[ES] Pese al convencimiento de que el tiempo se nos está agotando, lo cierto es que los acuerdos adoptados en la última Cumbre del Clima (COP 26) no invitan al optimismo. Nuevamente, dejan sin señalar cuántas emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) debe recortar cada país durante la próxima década y con cuánta rapidez. Un “silencio culpable”, debido sobre todo a la presión de las empresas multinacionales, sus principales destinatarias. Continuamos, por tanto, bajo las embestidas de un modelo económico que actúa como si el planeta y todos los que lo habitamos les perteneciéramos, poniendo en peligro nuestra propia supervivencia. El reto sigue siendo el de disociar crecimiento económico de cambio climático. Mientras tanto, la apuesta por una política de No en Mi Patio Trasero refuerza la idea de un verdadero Derecho penal internacional del medio ambiente que armonice las legislaciones nacionales evitando la impunidad. Todo ello junto a la ineludible creación de una Corte Penal Internacional del Medioambiente, encargada de prevenir y sancionar los delitos de ecocidio y la efectiva responsabilidad penal de aquellas personas jurídicas que continúan aprovechándose de la vulnerabilidad económica de los ya conocidos como “países basurero”. [EN] Despite the conviction that time is running out, the truth is that the agreements adopted at the last Climate Summit (COP 26) do not invite optimism. Once again, they leave unstated how much greenhouse gas (GHG) emissions each country must cut over the next decade and how quickly. A "guilty silence", mainly due to pressure from multinational companies, the main targets. We continue, therefore, under the onslaught of an economic model that acts as if the planet and all of us who inhabit it belong to them, endangering our own survival. The challenge remains to decouple economic growth from climate change. In the meantime, the commitment to a Not in My Backyard policy reinforces the idea of a true International Criminal Law that harmonises national legislations and avoids impunity. All this together with the unavoidable creation of an International Criminal Court of the Environment, responsible for preventing and punishing ecocide crimes and the effective criminal liability of those legal entities that continue to take advantage of the economic vulnerability of the so-called “dumping countries”.