Delito de ocupación pacífica de inmuebles (art. 245.2 CP). Una critica a las últimas proposiciones de ley de reforma

Abstract

[ES] El delito de ocupación pacífica de inmuebles del artículo 245.2 CP ha sido objeto de opiniones contrapuestas, tanto en la doctrina como en la práctica forense y esta discrepancia se ha plasmado en la interpretación de sus elementos por parte de los órganos judiciales. Esta controversia se refleja también en las Proposiciones de Ley de reforma. Frente a las propuestas despenalizadores iniciales, las presentadas en los últimos años abogan por endurecer el castigo, ante el incesante incremento de estas conductas en algunas ciudades y la alarma creada por los medios de comunicación. A ello se suma la indignación ciudadana por los problemas de convivencia que en algunos casos generan, junto a la ineficacia de la normativa actual para reintegrar el inmueble y la demanda de protección por parte de las entidades bancarias y de inversión excluidas de la nueva medida civil dirigida a la inmediata recuperación de la vivienda. Pues bien, el incremento penológico que incluyen las recientes Proposiciones de Ley vulnera el principio de prohibición de exceso, en tanto responde a motivos pragmáticos alejados de los fines preventivos que presiden el Derecho penal. [EN] The crime of peaceful occupation of real estate described in article 245.2 CP has been subject to criticism, both in doctrine and in forensic practice and this discrepancy has been reflected in the interpretation of its elements by the courts. This controversy exists also in the Proposals to reform the Criminal Code. Faced with the initial decriminalizing proposals, those presented in re- cent years advocate hardening the punishment, given the incessant increase in these behaviors in some cities and the alarm created by the media. Added to this is the public outrage at the coexistence problems that in some cases are generated together with the ineffectiveness of the current regulations to reinstate the property and the demand for protection by the banking and investment entities excluded of the new civil measure aimed at the immediate recovery of housing. Well, the penological increase included in the recent law proposals violates the principle of prohibition of excess, insofar as it responds to pragmatic reasons far from the preventive purposes that govern criminal law.