Responsabilidad de jueces, magistrados y fiscales en el estado de derecho

Abstract

[ES] Un Estado de Derecho de calidad se caracteriza, entre otras manifestaciones, en la calidad de la responsabilidad de los Poderes Públicos. El Gobierno responde de sus actuaciones, el Parlamento responde de sus decisiones y, por supuesto el Poder Judicial y la Fiscalía responden de la tarea a realizar que la Constitución les encomienda. En esta monografía, los profesores Rivero Ysern, Rodriguez-Arana y Fernando Pablo, analizan precisamente el alcance real y la funcionalidad operativa de la responsabilidad del Poder Judicial y de la Fiscalía en nuestro Ordenamiento jurídico. Jueces y Fiscales, por la relevancia y trascendencia de su posición constitucional y por la centralidad que tiene en la Norma Fundamental la función de juzgar y ejecutar lo juzgado, por un lado, y, por otro, promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social, tienen, sin duda, una especial responsabilidad. Sin embargo, el espíritu y la letra de nuestra Carta Magna en este punto precisa de profundas reformas que se exponen a lo largo del estudio. La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 2015 estableció la regla de que los daños y perjuicios causados por los Jueces y Magistrados en el ejercicio de sus funciones darán lugar, en su caso, a responsabilidad del Estado por error judicial o por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia sin que, en ningún caso, puedan los perjudicados dirigirse directamente contra aquéllos. De esta forma, lo que es una exigencia constitucional, respecto de los jueces y magistrados, su responsabilidad que como la inamovilidad o independencia debe entenderse responsabilidad personal (art. 117 1 C.E.), queda absolutamente desdibujada. Y la independencia judicial, amenazada, pues la posible “vía de regreso” resulta ser aún mas peligrosa para la independencia judicial por quedar su ejercicio efectivo al albur del criterio de la Administración General del Estad