La doctrina del Tribunal Supremo y el TEAC sobre el principio de buena administración y su efecto sobre los procedimientos tributarios de aplazamiento y fraccionamiento del pago y apremio

Abstract

[ES] Desde que se aprobó la nueva Ley General Tributaria (LGT) en 2003 los procedimientos de aplazamiento y fraccionamiento del pago han experimentado cuatro reformas sustanciales entre los años 2012 y 2016. La atención del legislador al aplazamiento y fraccionamiento del pago de los ingresos tributarios encuentra causa en la acuciada y reiterada presencia de este tipo de procedimientos en las relaciones entre la Administración tributaria y los contribuyentes. Dos procedimientos que antes de la reforma del anterior Reglamento General de Recaudación (RGR) de 1990 y la posterior modificación de la LGT de 1995 se caracterizaban por la excepcionalidad y la discrecionalidad, han evolucionado de forma tal que en la actualidad, en el nuevo RGR y en la nueva LGT, se conciben como un medio ordinario de gestión recaudatoria de la Hacienda pública, es decir, como una modalidad más del pago del tributo. Sin embargo, el estudio de estos procedimientos tributarios por parte de la doctrina pone de manifiesto que si bien se han configurado como procedimientos recaudatorios reglados cuyo presupuesto y fundamento es la dificultad económica del obligado tributario, es decir, la imposibilidad de afrontar en base a una situación temporal de iliquidez una deuda en favor de la Administración tributaria, su debatida clasificación como procedimientos reglados o discrecionales por parte de la Administración y su carácter excepcional en el seno del procedimiento recaudatorio, ha conllevado a una aplicación restrictiva de los mismos. De ahí que tanto el legislador como la jurisprudencia de los Tribunales de Justicia hayan dedicado esfuerzos a moldear los límites del carácter discrecional de la potestad de la Administración tributaria en estos procedimientos y, en los últimos años, sus efectos en el procedimiento de apremio. En este capítulo abordaremos la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo (TS) y el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) sobre estos procedimientos, en particular la aplicabilidad del principio de buena administración, del principio de buena fe y la interdicción de arbitrariedad de los poderes públicos que proclama el art. 9.3 de la Constitución (CE).