Aportes a la política institucional de transparencia activa en Uruguay

Abstract

[ES]El surgimiento de la sociedad de la información y la democratización de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) ha propiciado un notable aumento en la circulación y acceso a la información para la ciudadanía. A su vez, la disponibilidad de estas herramientas Web 2.0 ha multiplicado los mecanismos de interacción entre el ciudadano y el gobierno. Este nuevo escenario es reconocido por organizaciones de la sociedad civil como una oportunidad para fortalecer los aspectos deliberativos y participativos de la democracia, demandando más transparencia en la gestión y un control más efectivo de los resultados gubernamentales por parte de la ciudadanía. Bajo esta demanda de mayor apertura de la información, surge una nueva concepción de gobernar y administrar lo público bajo la denominación general de Gobierno Abierto. Los principios que fundamentan este paradigma son la rendición de cuentas, la participación ciudadana en la toma de decisiones y la colaboración entre las agencias gubernamentales y otros actores del sistema político, lo que implica la implementación de altos estándares de profesionalismo en las administraciones. La aplicación de estos principios en países en vía de desarrollo representa un doble desafío, en la medida que todavía prevalecen culturas organizacionales permeadas por prácticas clientelares en la administración. El presente estudio tiene por objetivo describir el diseño institucional de la transparencia activa, analizar a evolución de los resultados en los principales índices nacionales de monitoreo desde el año 2015 al 2022 y examinar los principales obstáculos identificados por los funcionarios responsables para cumplir con la normativa, a través de entrevistas semiestructuradas. Entre las conclusiones principales, se destacan que en Uruguay si bien muestra avances importantes en lo que respecta a la instalación de un modelo de GA, la política institucional se ha orientado predominantemente hacia una concepción del ciudadano como cliente lo que impacta negativamente en fortalecer el acceso equitativo de la Transparencia activa en Uruguay 2024 información pública de calidad y establece algunas líneas de acción para reubicar al ciudadano activo de derechos.

[EN]The rise of the information society and the democratization of Information and Communication Technologies (ICT) have led to a significant increase in the circulation and access to information for citizens. Additionally, the availability of Web 2.0 tools has multiplied the mechanisms for interaction between citizens and government. This new landscape has been recognized by civil society organizations as an opportunity to strengthen the deliberative and participatory aspects of democracy, demanding greater transparency in governance and more effective oversight of government outcomes by the public. In response to this demand for greater openness of information, a new approach to governing and managing public affairs has emerged, commonly referred to as Open Government. The principles underlying this paradigm include accountability, citizen participation in decision-making, and collaboration between government agencies and other political actors, which entails the implementation of high standards of professionalism in public administration. The application of these principles in developing countries presents a dual challenge, as organizational cultures in the administration often remain permeated by clientelistic practices. This study aims to describe the institutional design of active transparency, analyze the evolution of the results in key national monitoring indices from 2015 to 2022, and examine the main obstacles identified by responsible officials in complying with the regulations, through semi-structured interviews. Among the main conclusions, it is highlighted that although Uruguay has made significant progress in establishing an Open Government model, institutional policy has predominantly focused on a citizen-as-client approach, which negatively impacts the strengthening of equitable access to high-quality public information. The study also outlines some actions to reposition citizens as active rights-holders.