Interceptación de comunicaciones telefónicas, seguridad(es) y garantías procesales

Abstract

We must see the challenges related to security in different aspects. One of them is «public security» linked to the development of activities to prosecute criminal acts, which motivates the limitations of fundamental rights to follow a trail of rigor and judicial control under very intense guarantee parameters. In front of it is the so-called «national security», which is quite distant from the criminal investigation itself, but whose threats are sometimes coincident (for example organized crime and terrorism) and for this it is also necessary to limit fundamental rights. and establish a judicial guarantee, only under a different prism that is imposed in the criminal process. This necessarily has an impact when it is the Police that requests a wiretapping measure from the Judge, when it is our secret service, which has a different but very interesting regime of judicial control.

Los desafíos referidos a la seguridad debemos verlos en diferentes vertientes. Uno de ellos es la «seguridad pública» ligada al desarrollo de actividades de persecución del hecho delictivo, lo que motiva que las limitaciones de derechos fundamentales sigan una estela de rigor y control judicial bajo parámetros garantistas muy intensos. Frente a ella se encuentra la denominada «seguridad nacional», que es bastante distante de la investigación penal propiamente dicha, pero cuyas amenazas resultan en ocasiones coincidentes (por ejemplo, crimen organizado y terrorismo) y para ello es necesario, también, limitar los derechos fundamentales y establecer una garantía judicial, sólo que bajo un prisma diferente que resulta impuesto en el proceso penal. Esto impacta, necesariamente, cuando es la Policía la que solicita al Juez una medida de escuchas telefónicas, de cuando lo es nuestro servicio secreto que tiene un régimen distinto, aunque muy interesante de control judicial.