Repensando la arquitectura y el funcionamiento de la Justicia Constitucional en Colombia: hacia un modelo híbrido de defensa con mayor legitimidad democrática.

Abstract

[ES] Abordar un tema clásico de la justicia constitucional, como lo es la estructura y límites a los poderes del juez constitucional, conlleva el gran riesgo de recaer sobre un debate que parece no tener una única respuesta correcta y en donde tal vez es imposible plantear una teoría novedosa y original ante tantos grandes maestros que han contribuido con sus bastas obras a la gestión del mismo problema. La primera meta será exponer cual es la concepción y estructuración de la justicia constitucional colombiana abordándola desde la teoría constitucional y desde la teoría de la organización de los poderes y la democracia. Se requirió un esfuerzo concatenado de todos estos enfoques de estudio para construir una propuesta en pro de una justicia constitucional que propenda por una vocación transformadora, que respete la armonía institucional y goce de legitimidad democrática. La defensa de la Constitución es el tópico sobre el cual han recaído los grandes debates del constitucionalismo moderno, si bien desde la Segunda Guerra Mundial la doctrina occidental europea ha resaltado las ventajas de un judicial review of legislation reforzado y rígido; lo cual ha conducido a un gran número de Estados a adoptar en su modelo constitucional la creación de tribunales constitucionales ad -hoc, que tienden a ser catalogados de forma controvertida como kelsianos,1 por algunos autores,2 y que, en gran parte de Europa occidental, han contribuido a la materialización de sus cartas políticas y el reforzamiento de sus instituciones democráticas. En otras latitudes del mundo el fantasma del autoritarismo y las dictaduras no se ha podido despejar con la sola instauración de este modelo de justicia constitucional. El presente trabajo se soportó en el estudio de la justicia constitucional entendiendo esta tal y como la definen los profesores de la escuela de Bolonia,3 es decir, la interacción entre sujetos, órganos y procedimientos, que permiten el control de actos y/o comportamientos de los poderes públicos en relación con las normas de rango constitucional y un juicio de conformidad/contraste entre estas y las normas infra constitucionales. Así como en la potestad del estudio de validez constitucional de las leyes en cabeza de la jurisdicción constitucional, la cual según Rubio Llorente,4 tiene la particularidad de ser llamada como jurisdicción pese a que no se enjuician hechos, sino normas, y en la que el parámetro del juicio son precisamente preceptos constitucionales, dejando abierto el debate sobre la compatibilidad entre esta jurisdicción y algunas concepciones de la democracia.