Barreras institucionales en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en España

Abstract

[ES] Los derechos sexuales y reproductivos son esenciales para garantizar la igualdad de género, la salud y el bienestar y promover el desarrollo humano. Estos incluyen el acceso universal a servicios de salud reproductiva, así como la autonomía en la toma de decisiones sobre el propio cuerpo. El objetivo de la investigación consistió en identificar los factores institucionales que influyen en el acceso a los servicios de interrupción del embarazo en España. Se realizaron 30 entrevistas semiestructuradas a mujeres que interrumpieron un embarazo entre 2013 y 2023. La ausencia de clínicas y centros de titularidad pública, los costes económicos y los costes temporales y burocráticos son identificados como las principales barreras de acceso a los servicios de aborto de manera gratuita, accesible y próxima. Todo ello tiene un impacto en el bienestar físico, psicológico y emocional de las mujeres. Los hallazgos revelan la necesidad de que el Estado español y las comunidades autónomas implementen medidas para garantizar este derecho y evitar desigualdades de acceso que afectan especialmente a los grupos más vulnerables.

[EN] Sexual and reproductive rights are fundamental to ensuring gender equality, health, and well-being, as well as promoting human development. These rights encompass universal access to reproductive health services and autonomy in making decisions about one’s own body. This study aimed to identify the institutional factors influencing access to abortion services in Spain. Thirty semi-structured interviews were conducted with women who had undergone a termination of pregnancy between 2013 and 2023. The findings highlight key barriers to free, accessible, and proximate abortion services, including the absence of public clinics, economic costs and bureaucratic and time constraints. These obstacles significantly impact women's physical, psychological, and emotional well-being. The results underscore the need for the Government of Spain and autonomous communities to implement measures that safeguard this right and prevent inequalities in access, particularly among the most vulnerable groups.