Los drones como fuente y medio de prueba

Abstract

[ES] La seguridad pública es un imperativo que se ha vuelto cada vez más urgente. Las políticas públicas que se exigen por la ciudadanía y que impulsan los Estados buscan salvaguardar a las personas y los bienes. Las tecnologías de la información y las comunicaciones han contribuido a contar con herramientas cada vez más eficientes en la búsqueda, adquisición y procesamiento de información que puede ser empleada en este empeño. En este trabajo se analizan los RPAs como mecanismos de vigilancia activa en los cuales se integran múltiples tecnologías que cumplen estas funciones, tales como la biometría, reconocimiento facial, geoposicionamiento, que adquieren mayor capacidad gracias al perfilado y la inteligencia artificial que subyace a su operación. En el capítulo inicial se reseña los aspectos tecnológicos que permiten comprender la potencia de estos sistemas y las preocupaciones de seguridad que han permitido que permeen las políticas públicas de seguridad, entendidas éstas en sentido amplio, tanto como estrategias destinadas a la prevención o minimización de riesgos de que sucedan eventos adversos o ataques a la seguridad y los bienes, como en la obtención de pruebas que pudieran servir en un eventual procedimiento judicial en la averiguación de la verdad. A continuación, en el capítulo II se abordan los mecanismos de vigilancia activa a la luz de las garantías fundamentales que se reconocen a los seres humanos, especialmente aquellas que emanan del debido proceso legal. Para ello se revisa su consagración en los tratados de derechos humanos que son comunes a España y Chile y en los cuerpos constitucionales de ambos países, además de la aplicación práctica de estos instrumentos en la jurisprudencia, a través de una selección de fallos de tribunales internacionales de derechos humanos y nacionales de estos países. En el capítulo III se analiza la operación de drones y otros mecanismos de vigilancia activa a la luz de las garantías probatorias, considerando que las actividades de vigilancia con finalidades de seguridad pública son extraprocesales por lo cual en su función probatoria constituirían pruebas preconstituidas. Finalmente, en el capítulo IV verificar qué medios probatorios podrían ser más adecuados para allegar los datos que se capturan a través de ellos al proceso. En las conclusiones se proponen estándares que debieran ser considerados tanto por todos los intervinientes en las políticas de seguridad pública en el empleo de estos medios disruptivos, de forma tal que se satisfaga la finalidad que motiva su implementación como los derechos fundamentales comprometidos.