La eco-víctima: enfoque desde la aporofobia y la justicia ambiental

Abstract

[ES] Este capítulo analiza la figura de la eco-víctima desde la aporofobia, la criminología crítica y la justicia ambiental. La aporofobia, entendida como el rechazo y la discriminación de las personas pobres, también se manifiesta en el ámbito penal cuando los daños ambientales recaen de manera desproporcionada sobre los grupos social y económicamente más desfavorecidos. La pobreza se concibe como una construcción social y multidimensional relacionada con la salud, la educación, el nivel de vida y la exclusión social.

El estudio aborda la eco-victimización desde una doble perspectiva territorial. En el plano internacional, los países del sur global soportan gran parte de las consecuencias ambientales derivadas de los modelos de producción y consumo del norte global, pese a disfrutar en menor medida de sus beneficios económicos. Esta situación genera una deuda ecológica y climática y contribuye al empobrecimiento, el desplazamiento y la migración ambiental. En el ámbito urbano, la contaminación y las actividades peligrosas tienden a concentrarse en zonas habitadas por personas pobres, minorías étnicas y población afrodescendiente, debido, entre otros factores, a su menor capacidad económica y política. No obstante, algunos estudios cuestionan que exista una relación causal directa, al intervenir también factores demográficos, familiares, históricos y regulatorios.

La distribución desigual de las cargas y los beneficios ambientales ha originado movimientos de justicia ambiental que reclaman el control de los recursos necesarios para la subsistencia, la protección de los derechos humanos y la defensa de la naturaleza y de las generaciones presentes y futuras. Desde la criminología crítica, los daños ambientales se relacionan con la interacción entre el poder político y el económico y con la delincuencia estatal-corporativa, cuyas conductas pueden ser socialmente perjudiciales aunque no siempre estén tipificadas como delitos.

Como respuestas político-criminales, se propone crear una regulación internacional de los delitos ambientales transnacionales e incorporar el ecocidio al Estatuto de Roma para los ataques más graves contra la naturaleza. Asimismo, se recomienda reforzar la responsabilidad penal de las personas jurídicas mediante programas de cumplimiento que incluyan mapas de riesgos ambientales en los niveles macro, meso y micro. Finalmente, se defiende que la justicia restaurativa complemente al sistema penal mediante mecanismos de reparación como las multas destinadas a la restauración ambiental, el decomiso y la responsabilidad civil derivada del delito.