http://hdl.handle.net/10366/3825 Thu, 11 Jun 2026 13:41:02 GMT 2026-06-11T13:41:02Z http://hdl.handle.net/10366/171798 [ES] La aprobación de la Ley 7/2025, por la que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), supone un hito en la evolución del derecho administrativo sanitario en España. No solamente por dar lugar a la creación de una entidad llamada a realizar una serie de funciones que, con anterioridad, se encontraban dentro del ámbito competencial de otros organismos públicos, sino porque la Agencia está llamada a desarrollar actividades totalmente novedosas. Entre ellas, la definitiva integración del enfoque One Health y el principio Health in All Policies (HiAP) en el ámbito de la salud pública española. A lo largo del presente trabajo analizamos, en primer lugar, la evolución de este enfoque y de este principio en los ámbitos europeo e internacional; en segundo lugar, el diseño de la Agencia planteado por la norma; y, en tercer lugar, los retos y desafíos que presenta su desarrollo inmediato, con el fin de hacer de la AESAP un nodo que sirva como receptor de las tendencias internacionales en relación con One Health e HiAP, y, a la vez, como referente para el impulso de una nueva gobernanza de la salud pública española que tenga en cuenta esos principios. El trabajo se propone aportar una contribución a la dogmática del derecho administrativo sanitario, pues, además de analizar la arquitectura institucional de la Agencia, sitúa One Health e HiAP como principios estructurales para el desarrollo próximo del régimen jurídico de la salud pública. [EN]The enactment of Law 7/2025, creating the Spanish Agency for Public Health (AESAP), marks a milestone in the development of administrative health law in Spain. Its significance lies not only in creating a body tasked with carrying out a number of functions previously exercised by other public institutions, but also in assigning the Agency completely new functions, which include the full integration of the One Health approach and the Health in All Policies (HiAP) principle into the Spanish public health system. This study first analyses the evolution of this approach and principle in European and international contexts. Secondly, it discusses the design of the Agency as set out in the Law. Finally, it considers the challenges facing its immediate development, with the aim of positioning the AESAP as a key receiver of international trends in relation to One Health and HiAP and as a leader in driving the new governance model in Spanish public health, based on these principles. The study aims to contribute to legal theory in administrative health law, not only by analysing the institutional architecture of the Agency, but also by establishing One Health and HiAP as structural principles for the future development of the public health legal system. Wed, 10 Jun 2026 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/10366/171798 2026-06-10T00:00:00Z http://hdl.handle.net/10366/171589 [ES]Esta obra, elaborada con el objeto de conmemorar la presidencia española del Consejo de la Unión Europea durante el segundo semestre de 2023, representa el esfuerzo colectivo de una serie de destacados especialistas en el análisis de la función pública por abordar su estudio de manera global y multidisciplinar. La elección de la temática y los autores, responde a la necesidad de contribuir a construir una imagen fiel de lo que acontece en algunos de los sistemas de empleo público más relevantes de América y Europa. De esta manera, el lector puede encontrar entre sus páginas referencias a Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, España, Francia, Italia, México, Perú, Portugal o Uruguay. Fri, 01 Dec 2023 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/10366/171589 2023-12-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/10366/171584 [ES]Esta entrevista explora las intersecciones entre el Derecho Administrativo, la criminología y el sistema de justicia penal, a partir del diálogo con el Profesor Juan José Rastrollo Suárez, de la Universidad de Salamanca. Se abordan temas como la digitalización institucional, los riesgos de corrupción en la contratación pública, el uso de inteligencia artificial en decisiones penales, la sostenibilidad urbana y la complementariedad entre el Derecho sancionador administrativo y el penal. Fri, 22 May 2026 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/10366/171584 2026-05-22T00:00:00Z http://hdl.handle.net/10366/166780 [ES] A lo largo de la presente sección presentamos una síntesis de la jurisprudencia casacional sobre empleo público más significativa durante el primer período del año 2025. [EN] Throughout the present section, we introduce a summary of cassation jurisprudence on Public Employment with higher significance during the first period of the year 2025. Mon, 30 Jun 2025 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/10366/166780 2025-06-30T00:00:00Z http://hdl.handle.net/10366/166539 [ES] La IAGEN plantea riesgos significativos que son específicos y diferentes de los que hemos conocido hasta ahoar en la IA, riesgos que nos obligan a plantearnos cómo deseamos integrar esta tecnología en la sociedad y, en particular, en el ámbito empresarial. Esta premisa constituye la hipótesis central de este estudio, cuya validación abriría camino a las siguientes subhipótesis: 1. La regulación actual, encabezada por la ley europea de IA, y seguida por la normativa, tanto europea como nacional, sobre las principales áreas legales afectadas, constituye una base legal sólida pero insuficiente para regular este nuevo paradigma. 2. El concepto de IAGen responsable debe ampliarse para incorporar la aspiración de alcanzar un riesgo legal nulo. Esto implica complementar los tradicionales estándares éticos con estándares legales que aseguren un cumplimiento riguroso del marco jurídico y la implementación de medidas afectivas para previnir riesgos legales. 3. Existe la posibilidad de superar la brecha entre ética y la ley e integrar principios éticos y estándares jurídicos en un marco de gobernanda de IAGen responsable. 4. La implementación de estándares jurídicos mediante un marco de gobernanza de IAGen responsable redundará en beneficio de las empresas. Wed, 01 Jan 2025 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/10366/166539 2025-01-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/10366/164832 [ES] El presente trabajo tiene por objeto analizar las figuras del decomiso sin condena y el proceso de decomiso autónomo en el seno de la política criminal europea y española contra la delincuencia del beneficio económico. Primero, analizaremos el recorrido institucional y normativo de la figura del decomiso sin condena, hasta su regulación vigente, a través de la reciente Directiva 2024/1260 sobre recuperación de activos y decomiso. Seguidamente, analizaremos la recepción y regulación de esta figura en el plano nacional, sus aspectos más relevantes y controvertidos, y afrontaremos el intricado debate acerca de su naturaleza jurídica, de profundas consecuencias prácticas. Tras el análisis del plano sustantivo, avanzamos hacia el plano procesal, con un recorrido detallado por el denominado proceso de decomiso autónomo, analizando la regulación de cada paso del proceso, y las necesarias interpretaciones que deben completar el estudio de este proceso. Igualmente, se impone afrontar el debate sobre la naturaleza jurídica de este proceso, sobre la que se ciernen constante dudas y posiciones diversas, con el fin de posicionarnos sobre ese extremo y valorar las consecuencias de dicha atribución. Finalmente, ofrecemos una serie de valoraciones críticas sobre el encaje de lo analizado en la tendencia político-criminal de la eficacia contra la delincuencia económica grave, que permita comprender y contextualizar mejor las causas y consecuencias del análisis planteado. [EN] The aim of this paper is to analyze the figure on non-conviction-based confiscation and the process of autonomous confiscation within the European and Spanish criminal policy against serious and organized crime. First, we will analyze the institutional and regulatory path of non-conviction-based confiscation, up to its current regulation, through the recent Directive 2024/1260 on asset recovery and confiscation. Next, we will analyze the reception and regulation of this figure at the national level, its most relevant and controversial aspects, and we will tackle the intricate debate about its legal nature, which has profound practical consequences. After analyzing the substantive level, we move on to the procedural field, with a detailed rundown of the so-called autonomous confiscation procedure, analyzing the regulation of each step of the procedure, and the necessary interpretations that must complete this study. It is also necessary to confront the debate on the legal nature of this procedure, on which there are constant doubts and different standings, in order to take a position on this issue and assess the consequences of this attribution. Finally, we offer a series of critical evaluations on how the analysis fits in with the political-criminal trend of effectiveness against serious economic crime, to better understand and contextualize the cause and consequences of the proposed analysis. Mon, 01 Jan 2024 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/10366/164832 2024-01-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/10366/164831 [ES] El objeto del presente trabajo es analizar el decomiso ampliado dentro del contexto de la política criminal de la Unión Europea y España contra la delincuencia organizada basada en el ánimo de lucro. Para ello, afrontaremos su introducción en el ordenamiento comunitario, así como las claves de su desarrollo, incluida la reciente Directiva 2024/1260, de 24 de abril, sobre decomiso y recuperación de activos. Partiendo de esa base, estudiaremos su recepción en el ordenamiento jurídico español, analizando sus distintas modalidades, y las claves para su aplicación. Ello nos servirá para dar forma y contenido a los sucesivos y complejos debates en el seno de la caracterización y regulación de esta figura, que analizaremos pormenorizadamente, para tratar de comprender el papel y las implicaciones prácticas del decomiso ampliado en todas sus vertientes. Mon, 01 Jan 2024 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/10366/164831 2024-01-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/10366/164812 [Es] Este trabajo pretende presentar un análisis de la intervención de terceros en el proceso penal español y destacar los rasgos de la política criminal comunitaria y española en materia de decomiso. Para ello, analizamos el desarrollo de los derechos del tercero afectado por el decomiso, desde su primer reconocimiento hasta la reciente Directiva 2024/1260. Tras ello, estudiamos a fondo la intervención del tercero en el proceso penal español, tratando de desentrañar su estatuto procesal y el régimen de derechos que le asiste. Finalmente, aportamos una serie de conclusiones que permiten encuadrar dicha regulación en contexto político-criminal, exponiendo las tendencias existentes en la materia. [EN] This paper aims to present an analysis of the intervention of third parties in the Spanish criminal proceedings and to highlight the features of the EU and Spanish criminal policy on confiscation. To do so, we analyze the development of the rights of the third party affected by confiscation, from its first recognition until the recent Directive 2024/1260. After that, we study in depth the intervention of the third party in the Spanish criminal process, trying to unravel its procedural status and the regime of rights that assists it. Finally, we provide a series of conclusions that allow us to frame such regulation in a political-criminal context, exposing the existing trends in the matter Sun, 01 Dec 2024 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/10366/164812 2024-12-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/10366/164811 [ES] Identificamos función pública profesionalizada con aquella en la que la selección para el acceso, la continuidad en el cargo y la extinción de la relación de servicio se fundamentan en un régimen jurídico que garantice la sumisión al principio de legalidad y a criterios objetivos. A lo largo de este ensayo fijamos nuestra atención en tres aspectos fundamentales que consideramos clave para la profesionalización del empleo público en América Latina: la selección de empleados públicos, su evaluación y el derecho disciplinario que les es de aplicación. Tue, 01 Oct 2024 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/10366/164811 2024-10-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/10366/163414 [EN] The exponential growth in the uses of Artificial Intelligence (AI) shows dramatic and long-lasting consequences on social reality in our days. Governments see themselves confronted with the need to supervise and regulate the difficult transition toward a “fourth industrial revolution”, as some experts already describe such a development. Public regulation is expected to address diverse areas. In the first place, the legal and ethical dilemmas around the functioning and programming of AI must be determined and resolved—as far as possible. Secondly, the uses of AI as a tool for public decision-making have to be explored and operationalized. Finally, citizens’ rights must be guaranteed against new and unexpected threats that result from these new technologies. In the present article, we propose to analyse and discuss the development and reception of AI by Latin American governments, considering in particular the recently adopted Ibero American Charter on Artificial Intelligence in Civil Service. Sun, 01 Dec 2024 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/10366/163414 2024-12-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/10366/163250 [ES] El Gobierno Abierto es un nuevo paradigma de gobernanza digitalizada, transparente, participativa y colaborativa, que empodera al ciudadano para la consecución de un mejor gobierno y una mayor calidad democrática. El Gobierno de España ha aprobado recientemente su IV Plan de Gobierno Abierto, pero al amparo del coronavirus ha entrado en una peligrosa contradicción al atacar gravemente la libertad y la línea de flotación del Estado democrático de Derecho con una deriva hacia una posible dictadura constitucional. Todo ello debido a la falta de transparencia, el ocultismo y las falsedades a la ciudadanía, el despilfarro público, el clientelismo político, la exención del control parlamentario durante seis meses, el intento de socavar la independencia judicial, la limitación de la libertad de información con la creación de una especie de “Ministerio de la Verdad” o la eliminación del castellano como lengua vehicular en todo el territorio español, que supone el inicio del camino hacia una ruptura de la nación española. Fri, 01 Jan 2021 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/10366/163250 2021-01-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/10366/163194 [ES] El Derecho se caracteriza por ser una técnica de organización social y, particularmente, la organización administrativa viene a ser la ordenación de los medios personales, reales y financieros disponibles para el más eficaz cumplimiento de los fines que tiene atribuidos una entidad pública. La organización y coordinación urbanística tienen por finalidad lograr la mayor eficacia y eficiencia posible en la acción urbanística. De ahí la relevancia del presente trabajo que aborda el estudio de los diferentes entes y órganos urbanísticos de Castilla y León contemplados en el Título VI de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (LUCL), que regula la «Organización y Coordinación Administrativa» (artículos 132 a 140 LUCL), desarrollado tanto por el Título VI, con el mismo epígrafe, del Decreto 22/2004, de 29 de enero, de aprobación del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (artículos 400 a 421 RUCL), como por el Decreto 24/20132, de 27 de junio, por el que se regulan las funciones, composición y funcionamiento de las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente y Urbanismo y del Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León. Tue, 01 Jan 2019 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/10366/163194 2019-01-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/10366/163139 [ES] La protección del informante o denunciante es uno de los principales mecanismos de lucha contra la corrupción y que permite un cambio cultural hacia la mejora del sistema de integridad institucional de cualquier país. En España, para este fin la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, ha creado la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I. (AIPI), cuyos Estatutos deberán estar aprobados por el Consejo de Ministros, a más tardar, el 13 de marzo de 2024. El presente trabajo realiza un estudio exhaustivo de la futura Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., como clave de bóveda de todo el sistema de información español. Desde la prospectiva administrativa, se analizan las razones éticas, normativas, económicas y políticas de su creación, los retos y objetivos que deben ser alcanzados, los modelos de las diversas agencias anticorrupción existentes y la verificación de su pretendido grado de independencia, a partir de la verificación de su autonomía orgánica y funcional. Sun, 01 Jan 2023 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/10366/163139 2023-01-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/10366/162507 [ES] El futuro de cualquier Estado de Derecho pasa por instaurar y fomentar un sistema institucional de integridad pública adecuado, que permita enfrentarse debidamente a la corrupción y las malas prácticas administrativas. Desde la prospectiva administrativa como herramienta de transformación, innovación y progreso, se analiza en este trabajo el novedoso proyecto de ley de protección de los informantes como una herramienta imprescindible para garantizar los valores europeos y la deseable cultura de integridad y apertura. Sat, 01 Jan 2022 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/10366/162507 2022-01-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/10366/162497 [ES] Los mecanismos de dación de cuentas son una manifestación clara de las democracias de calidad, donde la transparencia y la recuperación y gestión de activos constituyen instrumentos esenciales en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Sin embargo, aunque éstos se encuentren previstos normativamente, si la Administración pública los obvia sistemáticamente y, por ende, ejerce una mala administración estaremos ante un retroceso de los estándares democráticos y de las normas de buen gobierno. El presente trabajo pone de manifiesto los incumplimientos normativos continuos por parte del Ministerio de Justicia en el ámbito de la estructura orgánica administrativa de la recuperación y gestión de activos, que denotan un desinterés político y la necesidad de implementar una mejora regulatoria en materia del derecho a saber con la implementación de un régimen sancionador. Sat, 01 Jan 2022 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/10366/162497 2022-01-01T00:00:00Z http://hdl.handle.net/10366/162462 [ES]La recuperación y gestión de activos es reconocida internacionalmente como uno de los instrumentos más destacados en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Su relevancia se pone en valor dada su finalidad última que es la neutralización de las ganancias del delito, que llevaría a la consecución de la denominada “muerte civil” de las organizaciones criminales. Para su adecuada implementación se requiere una regulación penal y procesal, pero también administrativa u organizativa, que dote de una estructura orgánica especializada a la recuperación y gestión de activos, como es la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos en España. El presente trabajo analiza las consecuencias jurídicas de su reciente supresión por el Gobierno español, anudada a la falta de transparencia y la ineficiencia administrativa en su aplicación Tue, 01 Jan 2019 00:00:00 GMT http://hdl.handle.net/10366/162462 2019-01-01T00:00:00Z