La responsabilidad patrimonial de la Administración de Justicia en la República Dominicana

Abstract

[ES] Dedicaremos parte de este trabajo, al análisis desde finales del siglo XIX la creciente preocupación por garantizar la integridad patrimonial de los ciudadanos frente a la intervención del Estado hará escorar paulatinamente el peso de la institución, no ya hacia la actuación personal de las autoridades y empleados públicos, sino hacia el daño provocado por el funcionamiento de los servicios de la Administración de Justicia, y por ende, por la propia Administración7; considerando, en un primer momento, responsable solidariamente a la misma por los daños y perjuicios causados por sus funcionarios o agentes, para, hacia mediados del siglo pasado, consagrar la responsabilidad directa por los daños derivados del error judicial, la privación indebida de la libertad y el funcionamiento anormal, de los servicios que brinda la Administración de Justicia, objetivando de esta forma la responsabilidad patrimonial del Estado Juez. La metodología utilizada parte del análisis exhaustivo de la normativa vigente para buscar las posibles lagunas, deficiencias y disfunciones que dificultan la depuración real y efectiva de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y el personal al servicio de la Administración. En este sentido nos ha sido de gran ayuda las relativamente escasas, aunque importantísimas, aportaciones de la doctrina administrativista española y colombiana, obstinada en buscar alguna explicación coherente que justifique la falta de exigencia por la Administración de dicha responsabilidad, aportando propuestas que traten de enmendar la situación de actual impunidad. Igual de valiosos, por escasos, son los pronunciamientos jurisprudenciales, cuyo minucioso estudio revela la falta de una línea jurisprudencial unánime, entre otras cosas, por la escasez de pronunciamientos al respecto del Tribunal Supremo Español, la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana y el Consejo de Estado de Colombia.