En Brasil, el documento jurídico alcanza importancia jurídica en la Constitución de 1946, considerado como parte del patrimonio histórico y artístico y quedando bajo la protección del poder público. Se consolida, con posterioridad dicho valor en 1988. La gestión, la transferencia, el tratamiento técnico, la preservación y divulgación del patrimonio documental del país, mediante un Sistema Documental de Archivos, SINAR, se manifiesta por las acciones del Archivo Nacional y por el Consejo Nacional de Archivos –CONARQ. Estas son las instituciones responsables de implementar la política nacional de archivos, garantizando de este modo la preservación y el acceso a las informaciones archivísticas de la Administración Pública Federal.
