El ictus es una emergencia neurológica. Los actuales conocimientos sobre los ictus isquémicos y su fisiopatología demuestran que existe un tejido recuperable dependiente de la atención recibida en las primeras horas desde el inicio de los síntomas. Debido a la incidencia de esta enfermedad, las diversas comunidades autónomas de la geografía española han establecido una serie de criterios de actuación denominados “código ictus” (CI) mediante los cuales se busca una identificación precoz de pacientes con ictus agudo.
Aunque estos protocolos tienen pequeñas diferencias dependiendo de la comunidad autónoma, todos coinciden en que el objetivo principal es derivar a estos pacientes a un hospital de referencia con unidad de ictus (UI) con la mayor celeridad posible para la implantación del tratamiento trombolítico si fueran subsidiarios de ello.
Con la implantación del código ictus y de los distintos protocolos consensuados entre los distintos niveles asistenciales se establecen unas medidas generales dirigidas a un rápido diagnóstico y tratamiento de esta patología, favoreciendo así una pronta recuperación de los pacientes y disminuyendo a su vez, la morbimortalidad de los ictus.
