La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Especial referencia a la reforma del artículo 31 bis CP de 2015

Abstract

[ES]Hasta hace unas décadas se negaba cualquier tipo de sanción a las personas jurídicas, pero la creciente criminalidad económica surgida en grandes y poderosas empresas ha provocado la necesidad de adoptar medidas eficaces contra estos nuevos sucesos y poder evitar o aminorar los riesgos y los perjuicios sociales. En el caso de España, la introducción de responsabilidad penal de las personas jurídicas ha ido evolucionando hasta la consagración definitiva por la LO 5/2010, que introdujo un sistema de regulación penal independiente al de las personas físicas. Cinco años más tarde, la LO 1/2015 incorpora nuevas modificaciones en cuanto a la atribución de responsabilidad penal a la persona jurídica por no existir, o ser insuficientes, métodos de prevención y control de delitos, así como otras novedades respecto a la exigencia de una adecuada cultura corporativa que permitirán liberarla de castigo cuando concurran determinados requisitos. Por ello, la finalidad demandada es conseguir la transparencia en los negocios y en las actividades que realicen las sociedades para evitar la comisión de fraudes y actos ilícitos por su parte.

[EN]Until some decades ago, any type of sanctions against legal persons was denied, but the growing economic crime that has arisen in large and powerful companies has led to the need to take effective measures against these new events in order to avoid or reduce social risks and damages. In Spain, the introduction of the criminal liability or responsability of legal persons has evolved until the final consecration by LO 5/2010, which introduced a system of criminal regulation independent of that of natural persons. Five years later, LO 1/2015 incorporates new changes in the attribution of criminal responsibility to legal entities for lack of methods of crime prevention and control, as well as other developments regarding the requirement of An adequate corporate culture that will allow to release of punishment when certain requirements concur. Therefore, the aim is to achieve transparency in business and in the activities carried out by companies to avoid fraud and illegal acts.