Las diligencias de investigación y la prueba electrónica del cibercrimen

Abstract

[ES] La hiperconectividad de las sociedades tecnológicamente avanzadas expone a numerosas personas y actividades a un elevado número de riesgos digitales. Así, los ciberdelitos hoy en día son frecuentes. A grandes rasgos, sus perpetradores aprovechan las vulnerabilidades técnicas y humanas para causar estragos en la operatividad de los sistemas informáticos y llegar a lucrarse con ello, afectar a la privacidad de los ciudadanos y finalmente dañar a los intereses generales y la estabilidad institucional. En este escenario, la prueba electrónica juega un papel decisivo para evitar la impunidad de sus autores, que ya de por sí aprovechan las ventajas derivadas del anonimato y las incertidumbres legales en relación a la competencia judicial, que persisten aunque se haya articulado un cuerpo de normativa internacional. Para superar las deficiencias anteriores, la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, ha supuesto un hito en la regulación de las diligencias de investigación en España, concretamente de los registros de equipos de almacenamiento masivo de información y los registros remotos de equipos informáticos, entre otros aspectos, estableciendo una regulación más garantista con la preservación de los Derechos Fundamentales, pero con limitaciones que deben ser abordadas.

[EN] The hyperconnectivity of technologically advanced societies exposes many people and activities to a high number of digital risks. Thus, cybercrime today is frequent. In a general sense, its perpetrators take advantage of technical and human vulnerabilities to cause damages on the operation of computer systems and obtain profits from it, affect the privacy of citizens and ultimately damage the general interests and the institutional stability. In this scenery, electronic evidence plays a decisive role at avoiding impunity for its perpetrators, who already take advantage from anonymity and legal uncertainties in relation to court jurisdictions, which persist even if a corpus of international regulations has been articulated. To overcome the previous deficiencies, the Organic Law 13/2015, of October 5, has been a milestone in the regulation of the investigative actions in Spain, more specifically in the registrations of mass storage devices and remote records of computer equipment, among other aspects, establishing a regulation which guarantees better the preservation of Fundamental Rights, but with limitations that must be addressed.