Consecuencias jurídicas de la eliminación de la rehabilitación y prórroga de la patria potestad.

Abstract

[ES] Con la entrada en vigor de la Ley 8/2021 ha tenido lugar una de las reformas más importantes en el Derecho civil y se ha culminado la adaptación de la normativa española a las exigencias de la CDPD introduciendo el contenido de su artículo 12 a nuestro ordenamiento jurídico. Cumpliendo con los postulados de la Convención, la capacidad de obrar se ha insertado dentro de la capacidad jurídica, que se tiene por el simple hecho de ser persona. Con lo cual, se cumple con un principio básico de derechos humanos, el igual reconocimiento de todas las personas ante la ley. En consecuencia, se elimina la institución de la incapacitación y, junto a ella, ha tenido lugar la supresión de las figuras de la patria potestad prorrogada y rehabilitada. Ello es así porque el mantenimiento de regímenes sustitutivos en la toma de decisiones de personas discapacitadas atenta no solo contra el sistema de promoción de la autonomía que ahora se propone, sino también contra su dignidad y contra la posibilidad de desarrollo de una vida independiente. En definitiva, se elimina la equiparación entre menores de edad y discapacitados, de modo que cuando estos alcancen la mayoría de edad tendrán acceso a las mismas instituciones de apoyo que cualquier adulto. [EN] With the come into effect of Law 8/2021, one of the most important reforms in civil law has taken place and the adaptation of Spanish regulations to the requirements of the CRPD has been completed, introducing the content of its article 12 to our legal system. In compliance with the principles of the Convention, the capacity to act has been inserted within the legal capacity, which is held by the simple fact of being a person. With which, a basic principle of human rights is fulfilled, the equal recognition of all people before the law. Consequently, the institution of incapacitation is eliminated and, along with it, the figures of extended and rehabilitated parental authority have taken place. This is so because the maintenance of substitute regimes in the decision-making of people with disabilities threatens not only the system for promoting autonomy that is now proposed, but also against their dignity and against the possibility of developing an independent life. In short, the equality between minors and the disabled is eliminated, so that when they reach the age of majority they will have access to the same support institutions as any adult.