El examen de dispositivos electrónicos del trabajador como fuente de prueba penal: soluciones jurisprudenciales

Abstract

[ES] Este trabajo aborda brevemente algunas cuestiones que suscita la entrada de las fuentes de prueba obtenidas de las investigaciones internas empresariales en el proceso penal, en lo que se ha dado en llamar “externalización” o “privatización” de la investigación penal. A pesar de su creciente importancia, especialmente en relación con la responsabilidad penal de la persona jurídica, no contamos con una definición legal de las investigaciones internas ni una clasificación según su ámbito de aplicación, finalidad y metodología, aunque es cierto que la jurisprudencia va perfilando sus contornos a medida que se enfrenta a casos en los que estas investigaciones han tenido un papel preminente, donde se ponen de manifiesto los riesgos que conllevan: vulneración de derechos fundamentales de los trabajadores, exclusión de la prueba e, incluso, responsabilidad penal del empleador por la manera de llevar a cabo la investigación. Para este trabajo me centro en el examen de los dispositivos electrónicos facilitados por la empresa en relación con el derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, o el más amplio derecho al entorno digital, ámbito en el que ha incidido esa jurisprudencia, especialmente con la aplicación en materia penal de la conocida como “doctrina Barbulescu”, es decir, los criterios establecidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en su sentencia del asunto Barbulescu c. Rumanía, de 5 de septiembre de 2017. Con este objetivo, comienzo asentando un concepto de investigaciones internas en contraposición a las facultades de control empresariales en el ámbito laboral. A continuación, expongo la mencionada doctrina Barbulescu del TEDH para pasar a analizar la principal jurisprudencia española al respecto, tanto constitucional como penal (desde la STS 498/2018 que adopta el test Barbulescu hasta la STS del Caso Pescanova de 2022) tras lo que presento conclusiones.