El proceso para la provisión de apoyos a personas con discapacidad

Abstract

[ES] A raíz de Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, las personas con discapacidad ya no serán tratadas como “incapaces” y disfrutarán de una plena capacidad jurídica al igual que el resto de los ciudadanos. En el presente trabajo, se analizará en primer lugar la importancia que ha cobrado la figura de la guarda de hecho ya que en la mayoría de los casos se ha conseguido desjudicializar el proceso dotando a la persona con discapacidad de unos cuidados provenientes de su círculo más cercano. En segundo lugar, se analizarán las medidas judiciales de apoyo. El legislador ha querido dar prioridad a la jurisdicción voluntaria frente a la contenciosa, dándose esta última solamente en aquellos casos donde haya una oposición por cualquiera de los legitimados. Estableceremos los principales problemas que aún nos enfrentamos en materia de discapacidad recogiendo los puntos clave que establece la jurisprudencia, doctrina y la Fiscalía General del Estado. Finalmente, en las conclusiones estableceremos en qué medida esta reforma ha supuesto un avance social en la práctica. [EN] Following Law 8/2021 of June 2, which reforms civil and procedural legislation to support people with disabilities in exercising their legal capacity, people with disabilities will no longer be treated as "incapable" and will enjoy full legal capacity like other citizens. In this paper, we will first analyze the importance of the figure of the de facto guardian, as in most cases it has been managed to remove the judicial aspect of the process, providing care from the person's closest circle. Secondly, we will analyze judicial support measures. The legislator has prioritized voluntary jurisdiction over contentious jurisdiction, with the latter being applied only in cases where there is opposition from any of the legitimate parts. We will outline the main issues we still face concerning disability, highlighting the key points established by jurisprudence, doctrine, and the Office of the Attorney General. Finally, in the conclusions, we will determine to what extent this reform has represented social progress in practice.