[ES] El estudio de la democracia ha permitido generar tanto una definición comúnmente aceptada en la academia (la poliarquía de Robert Dahl, con sus 8 dimensiones para el análisis), así como un conjunto de modelos de democracia, que pasan desde los modelos consensuales y mayoritarios de Lijphart, el modelo delegativo de Guillermo O’Donnell (2007) (con especial atención en América Latina) y otros más contemporáneos como la democracia deliberativa (siendo uno de sus exponentes Jürgen Habermas (1984)) y la democracia radical. En medio de la discusión de los modelos de la democracia, emerge un concepto respecto a la calidad de la misma, en razón de que existen posiciones minimalistas (que plantean la existencia de este tipo de régimen a partir de la sola existencia de elecciones (Shumpeter, 2010), (Popper, 1962)) y que no cumplen con algunos de los preceptos de la democracia liberal (el respeto y garantía de la libertad de expresión, de asociación y de conciencia (Sartori, 2009)). Es por esto que la Ciencia Política ha desarrollado el concepto de calidad de la democracia como una forma de verificar el estado de este tipo de régimen en un país, y la posibilidad de medirlo en un contexto determinado. La calidad de la democracia es un concepto que se refiere a la medida en que un sistema democrático cumple con ciertos estándares y principios fundamentales, como la participación ciudadana, la protección de los derechos humanos, el funcionamiento efectivo de las instituciones, la transparencia, la rendición de cuentas y la igualdad ante la ley (Dahl, 2002), (Norris & Grömping, 2019), (Bobbio, 1988). Evaluar la calidad de la democracia implica examinar no solo
las estructuras formales y los procedimientos electorales, sino también cómo se implementan y funcionan en la práctica.
Una democracia de calidad se caracteriza por un sistema de gobierno que funciona de manera efectiva, eficiente y transparente, y que promueve la participación ciudadana, el estado de derecho, la protección de los derechos humanos y el bienestar de la población. Las dimensiones imbricadas en este concepto implican: participación ciudadana, analizando el grado en que los ciudadanos participan activamente en la vida política, incluyendo el voto y otras formas de participación política (Arnstein, 1969), la rendición de cuentas, evaluando la capacidad de los ciudadanos para controlar a sus representantes y funcionarios públicos (Morlino & Diamond, 2004), el estado de derecho, considerando la medida en que las leyes se aplican de manera justa y equitativa (Sánchez, 2021), la transparencia, entendida como la apertura y claridad con la que se toman y comunican las decisiones políticas (Nai, A., & Norris, P., 2017), y finalmente, las libertades y derechos: el respeto y la protección de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos (O’Donnell, 2007). A partir de una revisión exhaustiva de la literatura existente, se busca profundizar en la discusión teórica sobre los componentes que definen una democracia de calidad, explorando los desafíos y oportunidades que enfrenta la región en este ámbito.
En este sentido, se reconoce la importancia de la integridad electoral como un elemento crucial para garantizar la legitimidad de los procesos democráticos y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Asimismo, se destaca el papel de la democracia directa como un mecanismo complementario que permite una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones y fortalece la rendición de cuentas de los representantes electos.
Para abordar esta problemática, se propone una metodología innovadora para la medición del índice de democracia electoral plebiscitaria, basada en el proyecto Varieties of Democracy (V-Dem) y reforzando la valoración de la calidad democrática con el componente de democracia directa. Esta propuesta busca proporcionar una herramienta rigurosa y objetiva para evaluar el estado de la democracia en la región, identificando áreas de mejora y promoviendo políticas públicas que fortalezcan la integridad electoral y la participación ciudadana.
