Los procesos constitucionales y el derecho a la prueba: el derecho de prueba (actividad probatoria) en los procesos constitucionales

Abstract

[ES] Nuestro estudio, aplicando el método comparativo examinaremos la práctica en América y en Europa, advirtiendo que hay diferencias por los sistemas que se aplican. En América, por ejemplo, es más importante el estudio de los procesos constitucionales y de las facultades que tienen los jueces que actúan en ellos; mientras que, en Europa, la preocupación se inclina hacia la investigación de los límites y poderes de los Tribunales Constitucionales. Uno se ocupa de las garantías procesales en el proceso bilateral; el otro enfoca la dimensión de la actividad normativa que puede desnaturalizar la tutela de los derechos fundamentales. Pareciera que el interés a desentrañar consiste en saber cuánto puede hacer el Juez del control difuso cuando tiene que poner en marcha su deber de afianzar la Constitución y hacer justicia en el caso concreto; frente a la potestad del Tribunal concentrado en una única actividad de aplicar la ley y resolver si ella es o no constitucional. El segmentar la tarea del Juez constitucional de acuerdo con los poderes que cada sistema le asigna probablemente sea equivocado, porque, en definitiva, ambos tienen la misión de equilibrar las tensiones entre los fines constitucionales y la justicia del caso. Este estudio aborda la caracterización de una de las garantías procesales de la Constitución Política colombiana de 1991 (en adelante CP), la del derecho de las partes a presentar pruebas y contradecir las que se alleguen en su contra» (art. 29). Temática que en esta oportunidad se estudia con base, principalmente, en las doctrinas colombiana y española, así como en la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia (en adelante CCC) 1, y en especial su configuración en el Código General del Proceso colombiano, Ley 1564 de 2012 y su aplicación subsidiaria en los procesos constitucionales. Pese a lo dicho, la constitucionalización del derecho a probar en Colombia no es un mero recurso retórico, se trata de la necesidad de limitar los poderes estatales o paraestatales en relación con las prácticas violentas o corruptas en la realización de la justicia. Constituye una garantía para proteger al justiciable en su demanda de justicia. Si bien el derecho, que es un lenguaje, es susceptible de usarse retóricamente; también, como dice Ferrajoli (2011, Vol. I: 36), tiene un rol performativo, en el sentido que «es necesario para tratar los problemas políticos y sociales, para normarlos, para aclarar y precisar sus términos, para articular sus múltiples aspectos, para exponer sus concretas soluciones posibles». Precisamente, este estudio, con la caracterización y sistematización del derecho constitucional a la prueba pone de relieve el papel que cumple como garantía para la realización de la justicia en cualquier proceso.