Los defensores de Derechos Humanos en el sistema interamericano. Balance de la protección concedida por la corte interamericana en los estados de derecho en crísis

Abstract

[ES] De acuerdo con la definición contenida en la Declaración Universal sobre los Defensores de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el término defensor de derechos humanos designa a todas aquellas personas que, individual o colectivamente, promueven y protegen los derechos y libertades fundamentales, de forma pacífica, frente al Estado o frente a terceros particulares, más allá de la mera gestión del interés propio.

Los defensores de derechos humanos son actores determinantes para lograr el goce efectivo de los derechos y libertades fundamentales, la vigencia del Estado de Derecho y la existencia de sociedades abiertas, pluralistas y democráticas. Las actividades que desarrollan van desde las labores educativas de difusión del contenido de los derechos humanos hasta la sistematización de casos en el marco del conflicto armado, la búsqueda de personas desaparecidas, la asistencia en juicio por detenciones arbitrarias, o el impulso de casos estratégicos en cortes internacionales.

La importancia y legitimidad de la defensa de los derechos humanos está reconocida en diversos instrumentos de Derecho Internacional, en varios ordenamientos jurídicos estatales, y en la agenda de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. No obstante, diariamente, hay personas que son hostigadas, criminalizadas, amenazadas, desaparecidas o asesinadas, por actores gubernamentales o no gubernamentales, como represalia por la defensa los derechos humanos. Adicionalmente, los crímenes cometidos en su contra permanecen en la impunidad, lo que refuerza su vulnerabilidad y contribuye a la repetición de hechos similares.

Al contraste entre el progreso de los marcos jurídicos y discursivos dirigidos a la protección de los defensores de derechos humanos, y la creciente vulnerabilidad y exclusión de estas personas por el desempeño de su labor; debemos sumarle la coincidencia existente, en términos contextuales, entre la ocurrencia de violaciones a los derechos de las personas defensoras de derechos humanos y el deterioro del orden democrático y el principio de legalidad en los Estados de Derecho.

De acuerdo con la información consolidada por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a nivel mundial, un número significativo de las violaciones a los derechos y libertades de los defensores de derechos humanos ocurren en América Latina.

Esta tesis surgió de la reflexión sobre el quehacer del Derecho frente esta crisis humanitaria. La mayoría de la literatura existente sobre este tema no tiene una perspectiva central de tipo jurídico. Se enfoca en los aspectos psicológicos, sociológicos o políticos vinculados a la defensa de los derechos. Los estudios que sí analizan la relación entre los defensores de derechos humanos y el Derecho, lo hacen para describir el repertorio de estrategias legales empleadas por las organizaciones de la sociedad civil, analizar las transformaciones sufridas por estas organizaciones defensoras al usar el Derecho en la consecución de sus objetivos, o para sistematizar los logros obtenidos a través del litigio estratégico. A diferencia de esos estudios, esta tesis adopta una perspectiva central de tipo jurídico e intra-sistémico, que se ocupa de las respuestas que ofrece el ordenamiento jurídico a los defensores de derechos humanos como actores sociales y titulares de derechos y libertades fundamentales. Es decir, de la forma en la que los operadores jurídicos resuelven los casos contenciosos que son sometidos a su conocimiento. En concreto, realiza un balance de la jurisprudencia de la CoIDH en el contexto específico de la crisis del Estado de Derecho en la región.

De las muchas formas de intervención jurídica para proteger a los defensores de derechos humanos, las sentencias de la Corte Interamericana constituyen el eslabón que conecta las vulneraciones a los derechos y libertades convencionales de las personas defensoras con la crisis del Estado de Derecho, y, a su vez, permiten obtener generalizaciones entre los diferentes Estados de Derecho en crisis en América Latina.

La progresividad y frecuencia de las sentencias de la CoIDH en este tema, también es prueba del impacto que produce la crisis del Estado de Derecho en el funcionamiento del Sistema Interamericano de protección de derechos humanos. La crisis del Estado de Derecho en América Latina incide directamente en el tipo de violaciones convencionales y en los conflictos sociales de base que son sometidos al conocimiento de los órganos interamericanos.

La crisis del Estado de Derecho reduce las capacidades institucionales para investigar, juzgar y sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos, reparar a las víctimas y brindar garantías de no repetición, así como para dar cumplimiento a las órdenes proferidas por la CoIDH. En ese entendido, la crisis del Estado de Derecho incorpora otra dinámica en el balance tradicional que existe entre los ordenamientos jurídicos internos y el Sistema Interamericano.

A cierre de la vigencia 2023, once (11) de los veinte (20) Estados que han ratificado la Convención Americana han sido condenados por la CoIDH debido al incumplimiento de una o varias obligaciones internacionales relacionadas con el goce de los derechos y libertades de las personas defensoras de derechos humanos en su jurisdicción.

Por último, los casos contenciosos fallados por la CoIDH, sobre las personas defensoras, ejemplifican y sintetizan la situación real de los derechos y libertades de la población al interior de un país. Estos casos ponen de presente la existencia de patrones sistemáticos de violación de derechos humanos en tres tipos de contextos críticos para el principio del Estado de Derecho: el conflicto armado interno, los conflictos ambientales y de acceso a la tierra, y el auge de gobiernos con tendencias autoritarias.

Además del balance jurisprudencial sobre un tema jurídicamente relevante para los ordenamientos estatales y el SIDH, esta tesis reflexiona, en términos contextuales, sobre el grado de efectividad de la protección otorgada por la CoIDH a los defensores de derechos humanos y el impacto de las medidas de reparación ordenadas, entendidas, específicamente, como garantías de no repetición y herramientas de contención frente al deterioro del Estado de Derecho y del orden democrático.

Esta orientación analítica asume seriamente la vitalidad democrática del rol que cumplen los defensores de derechos humanos, su legitimidad discursiva y su condición de enlace representativo y deliberativo entre diferentes actores relevantes: los grupos mayoritarios y los excluidos del debate público; la sociedad civil y el Estado; las autoridades estatales y los organismos internacionales de protección.

En cuanto a la estructura, esta tesis se encuentra dividida en cuatro capítulos.

El primer capítulo, titulado Los defensores de derechos humanos como actores jurídicos, tiene dos grandes propósitos: en primer lugar, describe y sistematiza el marco conceptual y jurídico existente sobre defensores de derechos humanos a nivel del Sistema Universal, para dar cuenta de la legitimidad de la labor de las personas defensoras de derechos humanos, de las obligaciones internacionales existentes a cargo de los Estados, y del progreso del marco jurídico de este tema a partir de la multiplicación de instrumentos de Derecho Internacional y de los mecanismos de supervisión. En segundo lugar, el capítulo desarrolla teóricamente la doble condición de los defensores de derechos humanos: como actores democráticos y jurídicos, a partir de un análisis de las expectativas que impulsan las estrategias de defensa empleadas por las personas y organizaciones defensoras en diferentes contextos.

El capítulo II, acerca del Estado de Derecho en crisis, desarrolla los componentes esenciales del Estado de Derecho y su evolución, para analizar el deterioro de aquellos que justifican la calificación de un contexto como crítico. Más allá de la importancia de las reflexiones teóricas en lo tocante a la doctrina dominante de los estados fallidos, el propósito instrumental de este acápite es diferenciar a los Estados de Derecho en crisis, de otros con mejores capacidades institucionales para enfrentar las violaciones a los derechos humanos que ocurren en sus territorios e implementar las órdenes provenientes de sentencias internacionales.

En este capítulo también se presentan los criterios de verificación del Estado de Derecho de la Comisión de Venecia y de la Comisión Europea sobre Estado de Derecho que están conectados con la garantía de los derechos fundamentales de las personas defensoras de derechos humanos y la actividad judicial de la CoIDH. Como lo sostuve previamente, estos criterios orientarán el sentido de las medidas de reparación con efecto deliberativo propuestas en la lista final de cuestiones sustanciales, para la resolución de casos contenciosos sobre defensores de derechos humanos, en Estados de Derecho en crisis.

El capítulo III tiene un papel considerable en la vista integral de la tesis, pues sistematiza los roles que desempeñan los defensores de derechos humanos en el SIDH, cuando actúan como agentes de intereses públicos o como representantes de intereses jurídicos particulares; así como también la jurisprudencia de la CoIDH referida a los defensores de derechos humanos que son víctimas directas de la violación a sus derechos y libertades individuales.

A partir de estas sentencias proferidas por el tribunal interamericano, en este capítulo se identifican tres casos tipo de Estados de Derecho en crisis: Honduras, Guatemala y Colombia, para analizar la interconexión entre ataques a los defensores de derechos humanos y crisis del Estado de Derecho, con la metodología mixta descrita previamente.

Por último, el capítulo IV es eminentemente propositivo. Sugiere tres componentes para mejorar la aproximación de la CoIDH en aquellos casos contenciosos donde las víctimas son personas defensoras de derechos humanos en Estados de Derecho en crisis: el enfoque de un juez convencional y democráticamente reactivo, la herramienta de las medidas cautelares con efecto deliberativo, y el listado síntesis de cuestiones sustanciales ineludibles a ser tenidas en cuenta al momento de dictar sentencia.