Las estrategias conductuales como forma de intervención administrativa: estudio jurídico del nudge y el boost

Abstract

[ES]Las ciencias conductuales han transformado las disciplinas sociales al cuestionar la presunción de racionalidad del ser humano, demostrando la existencia de sesgos y errores cognitivos. Este cambio de paradigma ha proyectado su influencia sobre el derecho, cuya función es guiar la conducta humana por medio del análisis económico del derecho. Ahora bien, respecto del Derecho administrativo se presenta una ausencia del marco jurídico aplicable, a pesar de que las Administraciones públicas ya emplean estrategias basadas en el comportamiento para diseñar intervenciones, estas actuaciones carecen de una estructuración doctrinal clara en el derecho administrativo. Esto genera un vacío jurídico que dificulta la delimitación de sus fines y sus límites. El objetivo principal es contribuir a la doctrina del derecho administrativo estableciendo un marco conceptual que integre a las estrategias conductuales como una auténtica forma de intervención. Específicamente, se busca presentar y analizar jurídicamente sus dos técnicas principales, el nudge y el boost, para proporcionar criterios claros para su aplicación legítima en políticas públicas y garantizar su debido control ante los tribunales. La investigación se ha desarrollado mediante el método dogmático-deductivo. Se examinaron sistemáticamente la doctrina y los principios aplicables a la actuación conductual de la Administración. A partir del análisis de la tensión entre los criterios subyacentes: el interés general y la libertad individual, se abordó el carácter abierto de la clasificación de las formas de intervención, lo que ha permitido justificar formalmente la incorporación de las estrategias conductuales. Se concluye que las estrategias conductuales constituyen una forma legítima e innovadora de intervención administrativa. Al basarse en la evidencia científica, estas herramientas garantizan un mayor cumplimiento normativo y la consecución del interés general con un menor coste para la libertad individual. Esto se logra porque no varían de forma drástica los incentivos económicos ni prohíben opciones, manteniendo intacta la capacidad de decisión ciudadana. Se propone así un marco teórico que reconoce estas técnicas en el ordenamiento jurídico, dotando a la Administración de instrumentos menos gravosos y ofreciendo bases conceptuales indispensables para su diseño, evaluación y control legal.