[ES] La comunicación streaming a través de plataformas digitales se ha convertido en la principal fuente de obtención de información entre los más jóvenes, donde muchas veces reciben información no contrastada y contenidos jurídico-constitucionales difusos o intencionalmente manipulados, con fines orientados a generar polarización y que en la sociedad se asumen como realidades inamovibles. Por eso, el OBJETIVO GENERAL es la planificación y producción de contenidos (entrevistas, diálogos, debates, etc.) con una vocación de servicio público: combatir la desinformación jurídica, mediante la colaboración entre estudiantes y profesores; a través de la creación de contenido (entrevistas, diálogos o debates, etc.) en streaming en plataformas como Youtube, Twitch, etc.
Para diferenciarse de otras experiencias anteriores, y alcanzar este objetivo principal, el PID ha propuesto las siguientes novedades:
- Análisis e identificación de patrones de la comunicación de desinformación, atendiendo al uso del lenguaje empleado en las distintas técnicas desinformativas que se dan en la comunicación streaming tales como la difusión de fake news, la imitación de imágenes y sonidos en los contenidos deep-fakes o la reciprocidad entre trolls y bots en los procesos de comunicación online.
- Análisis de contenidos de forma interactiva y consensuada en grupos de profesores y alumnos, ya que la entrevista será preparada en función de los intereses comunes del aula, previo consenso entre los estudiantes de cada una de las asignaturas. La interacción será permanente.
- Implementar una nueva forma de fact-checking, mucho más interactiva y como una opción mucho más pedagógica y centrada específicamente en el Derecho Constitucional, mediante el diálogo que se desarrollará en las entrevistas, debates y diálogos del estudiantado con los expertos que se irán designando en función de la actualidad mediática y de los contenidos desinformativos a combatir. Especialmente, en torno a las materias sobre derechos humanos, la igualdad de género y la no discriminación de colectivos especialmente vulnerables o cuestiones de actualidad sobre jurisprudencia constitucional y las prácticas de determinados órganos estatales o de las Comunidades Autónomas, dada la actual polarización política.
