[ES]El artículo 25.2 de la Constitución Española establece que el cumplimiento y la ejecución de la pena privativa de libertad se deben dirigir a la reeducación y reinserción social del penado. Es importante aclarar la naturaleza y el contenido que actualmente tiene este el ideal resocializador, el cual, ha sido y sigue siendo objeto de una intensa discusión doctrinal y jurisprudencial. Una vez hecho este razonamiento teórico, el trabajo se propone analizar la posible inconstitucionalidad de la prisión permanente revisable introducida en nuestro Derecho Penal a través de la reforma del Código Penal en el año 2015. Haremos referencia a las sucesivas las interpretaciones sobre esta cuestión llevadas a cabo por nuestro Tribunal Constitucional y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por último, se pone de relieve la multitud de supuestos judiciales en los que se ha utilizado el aludido precepto constitucional para impugnar la denegación de instituciones penitenciarias orientadas a favorecer la resocialización.
[EN]Article 25.2 of the Spanish Constitution establishes that compliance with and execution of the custodial sentence should be directed to the re-education and social reintegration of the prisoner. It is important to clarify the nature and content that currently has this ideal re-socializer, which has been and continues to be the subject of intense doctrinal and jurisprudential discussion. Once this reasoning is more theoretical, the work aims to analyze the possible unconstitutionality of the reviewable permanent prison introduced in our Criminal Law through the reform of the Penal Code in 2015. We will refer to the successive interpretations on this issue carried out by our Constitutional Court and by the European Court of Human Rights. Finally, highlights the multitude of judicial cases in which the aforementioned constitutional precept has been used to challenge the denial of penitentiary institutions aimed at favoring re-socialization.
