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Título
Análisis comparativo de la transposición de la Directiva 2010/64/UE en España, Francia y Austria: transposición de la Directiva 2010/64/UE y análisis jurisprudencial en los procesos penales en los ordenamientos jurídicos español, francés y austríaco
Autor(es)
Director(es)
Palabras clave
Derecho a la interpretación y a la traducción
Garantías procesales
Procedimiento penal
Proceso equitativo
Directiva 2010/64/UE
Orden jurisdiccional penal
Acusados
LO 5/2015
Registro de traductores e intérpretes judiciales
LECrim
Normativa pre-directiva
Normativa post-directiva
Fecha de publicación
2018-07
Resumen
[ES]La interpretación judicial en juicios penales es una profesión que, desde sus inicios, acarrea una serie de consecuencias negativas para las garantías procesales de las que gozan los acusados a lo largo de todo un procedimiento. Debido al desconocimiento de la figura del intérprete judicial por parte de la mayoría de los operadores jurídicos del órgano jurisdiccional, la calidad del ejercicio de la interpretación proporcionada en sede judicial se ha visto gravemente afectada. Por ello, en el año 2010, se publica en el DOUE la Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales. Esta Directiva fija como objetivo garantizar el derecho a la interpretación y traducción de toda persona acusada que no hable o no comprenda la lengua del proceso y, de esta manera, garantizar su derecho a un juicio equitativo y reforzar los derechos procesales de los ciudadanos. Los Estados miembros adoptaron las disposiciones legales necesarias para cumplir con los objetivos contenidos en la Directiva, pero existen diferencias en su regulación. En este análisis contrastivo se establecerán los puntos en común y las diferencias existentes en la regulación de esta materia en el marco de tres ordenamientos jurídicos de tres Estados miembros de la Unión: España, Francia y Austria. [FR]Depuis qu’elle existe, l’interprétation judiciaire lors de procédures pénales est une profession qui engendre une série de conséquences négatives sur les garanties procédurales dont bénéficient les accusés tout au long de ladite procédure. En effet, la qualité de l’interprétation produite dans les organes judiciaires s’est vue gravement touchée, car la majorité des opérateurs juridiques de l’organe judiciaire ne connaissent pas le statut de l’interprète judiciaire. Par conséquent, la Directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil, relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, a été publiée dans le JOUE. Elle fixe comme objectif la garantie du droit à l’interprétation et la traduction pour toute personne accusée qui ne parle ou ne comprend pas la langue utilisée lors d’un procès et, de cette manière, la garantie du droit à un procès équitable et du renforcement des droits procéduraux des citoyens. Les États membres ont adopté les dispositions légales nécessaires afin de remplir les objectifs de la Directive, mais ils ne la transposent pas tous de la même manière. L’analyse qui suit établit les points communs et les différences en ce qui concerne l’application de cette question dans le cadre des systèmes juridiques de trois États membres de l’Union européenne : L’Espagne, la France et l’Autriche.
Descripción
Trabajo de Fin de Grado en Traducción e Interpretación.
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944.9Kb
Formato:
Adobe PDF
Descripción:
Trabajo de Fin de Grado. Directora: Prof.ª Icíar Alonso Araguás
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