| dc.contributor.advisor | Alonso Araguás, Icíar | es_ES |
| dc.contributor.author | González García, Elena | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-16T08:36:27Z | |
| dc.date.available | 2020-09-16T08:36:27Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10366/143926 | |
| dc.description | Trabajo de Fin de Grado. | es_ES |
| dc.description.abstract | [ES] La legislación vigente no deja lugar a dudas sobre la obligatoriedad de la prestación de asistencia lingüística en aquellos procesos penales en los que al menos una de las partes no hable o comprenda la lengua oficial del mismo. Una interpretación de calidad resulta fundamental para garantizar los derechos procesales y constitucionales de los usuarios del servicio. Sin embargo, en los últimos años se han incrementado las actuaciones deficientes y los casos de mala praxis por parte de asistentes lingüísticos. Uno de los motivos reside en la insuficiente regulación sobre la materia y la falta de adaptación al ordenamiento jurídico nacional de una parte importante del articulado de la Directiva 2010/64/UE. Otra de las razones se asocia al sistema actual de subcontratación de los servicios de interpretación, que ha derivado en que numerosos intérpretes ad hoc, sin cualificación ni experiencia profesional, desempeñen la labor. En el presente estudio propondremos una clasificación de malas prácticas en las que puede incurrir un intérprete judicial, atendiendo principalmente a los aspectos deontológico, técnico y lingüístico, así como a la formación especializada de la persona que desempeña la tarea. Posteriormente analizaremos las consecuencias de dichas actuaciones deficientes o negligentes, tanto para los usuarios como para el propio intérprete. Así, examinaremos detenidamente qué garantías procesales o constitucionales de la víctima, imputado, procesado o acusado resultarían menoscabadas o limitadas en virtud de la legislación vigente. Finalmente, recurriremos de nuevo a los instrumentos jurídicos para tratar de dilucidar qué tipo responsabilidad se podría imputar a un intérprete que hubiese cometido malas prácticas. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Prof.ª Icíar Alonso Araguás | es_ES |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Interpretación judicial | es_ES |
| dc.subject | Directiva 2010/64/UE | es_ES |
| dc.subject | Deontología profesional | es_ES |
| dc.subject | Derechos procesales | es_ES |
| dc.subject | Responsabilidad del intérprete | es_ES |
| dc.title | La mala praxis del intérprete en procesos penales | es_ES |
| dc.title.alternative | Categorización, consecuencias para los usuarios y responsabilidad del intérprete | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
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