Descentralización y coordinación de la política pública de seguridad ciudadana en el Perú. El papel de los gobiernos regionales en el Análisis - Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (2020-2025)

Abstract

[ES] El presente trabajo aborda el desafío que representa la seguridad ciudadana en el tema de la descentralización de competencias y funciones a cada nivel de gobierno, siendo Perú un país que enfrenta constantemente la tensión de distribuir entre los poderes regionales y locales, siendo así que, tras una perspectiva jurídica y normativa se demostrará como los intentos de descentralización de políticas de seguridad se ven divididas entre esfuerzo y asimetría operativa, puesto que la criminalidad organizada cada vez más se hace visible en el contexto actual. Asimismo, se abarcara el periodo del 2020-2025 puesto que se analizara la planificación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) al 2050 y la estructura del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC) así como sus reformas normativas que establecieron las bases para poder definir las competencias de los Comités Regionales de Seguridad Ciudadana (CORESEC), siendo puntos de partida importantes para comprender como los gobiernos regionales y locales aún persisten con insuficiencias en cuanto a distribución de poderes, asimismo, enfrentan controversias políticas que los obligan a responder con la necesidad de resolver el problema de seguridad ciudadana. Finalmente, frente a este panorama es preciso mencionar que se delimitara las bases normativas de la descentralización de un Estado Unitario, así como las competencias que desarrollan cada nivel de gobierno, evaluando la implementación normativa analizando tanto la estructura del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC), y prestando atención en la manera en como se quiere implementar las políticas públicas al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) al 2050 dirigidas a la seguridad ciudadana, pero también analizando como hay una falla en el diseño de estas y como el centralismo es algo que aún persiste e impacta en cuanto al desarrollo de estas políticas, por lo que se busca una reforma para transitar de una coordinación administrativa a una gobernanza que realmente responda a los problemas de poderes y territorio, implementando normativamente y endureciendo lo que nos preocupa, es decir, la seguridad ciudadana. [EN] This study addresses the challenge of citizen security within the context of decentralizing competencies and functions across government levels—a particularly complex issue in Peru, a country constantly navigating the tension of power distribution between regional and local authorities. From a legal and regulatory perspective, the study demonstrates how attempts to decentralize security policies are caught between genuine effort and operational asymmetry, especially as organized crime becomes increasingly visible in the current landscape. The analysis covers the 2020–2025 period, examining the planning behind the National Strategic Development Plan (PEDN) for 2050 and the structure of the National Citizen Security System (SINASEC). It also reviews the regulatory reforms that established the competencies of Regional Citizen Security Committees (CORESEC). These elements serve as crucial starting points for understanding the persistent shortcomings regional and local governments face regarding the distribution of power, as well as the political controversies that compel them to address the pressing issue of citizen security. Finally, the study outlines the regulatory foundations for decentralization within a unitary state and the competencies exercised by each level of government. It evaluates regulatory implementation by analyzing the SINASEC structure and the intended rollout of public policies linked to the PEDN 2050 regarding citizen security. It also identifies design flaws and the persistent impact of centralism on policy development. Ultimately, the study advocates for a reform that shifts from mere administrative coordination to a governance model capable of effectively addressing power and territorial dynamics, thereby strengthening the regulatory framework for the critical issue of citizen security.